La responabilidad recae sobre el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá y el exjefe de Estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreta Manella
08 may 2012 . Actualizado a las 16:35 h.La Fiscalía ha limitado hoy la responsabilidad penal en la contratación del Yak-42 que se estrelló en Turquía en 2003 a dos de los seis mandos imputados: el entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá, y el exjefe de Estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreta Manella.
Así lo han explicado fuentes jurídicas al término de la vista de apelación celebrada ante la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que debe resolver los recursos de las familias de los 62 militares españoles fallecidos en el siniestro, al que se adhirió la Fiscalía, contra el sobreseimiento de la causa. Según las mismas fuentes, el fiscal Fernando Burgos ha atribuido la responsabilidad penal del mismo a los entonces JEMAD, Antonio Moreno, y JEMACON, Juan Luis Ibarreta, por no adoptar las medidas necesarias para no incrementar un riesgo ya de por sí existente en situación bélica para los militares que viajaban a bordo de la aeronave. Por ello, ha pedido que se revoque el sobreseimiento de la causa y se vuelva a imputar en ella a los dos exaltos cargos militares y no a los otros cuatro miembros de la cúpula del exministro de Defensa Federico Trillo que lo estuvieron antes de que el juez Fernando Grande-Marlaska decidiera archivarla el pasado 2 de febrero.
La limitación de responsabilidades supone una novedad respecto al escrito en el que apoyó la postura de las familias, en el que la Fiscalía insistía en apreciar una «conducta negligente penalmente relevante» en la contratación del Yak-42 y se mostraba favorable a que se juzgara a los seis mandos al estimar que su «absoluta falta de diligencia» estuvo en el origen del siniestro. Junto a Barberá e Ibarreta, se refería así al exjefe de la división de operaciones del EMACON, José Antonio Martínez; los también miembros del EMACON Joaquín Yáñez y Alfonso Elías, así como al teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN NAMSA.
Mientras, los allegados de los fallecidos han recalcado durante la vista que la disminución de la dotación para el alquiler de aviones, junto con la falta de control y la mala gestión están en el origen del accidente, han explicado otras fuentes.
Además, han denunciado los fallos de seguridad del avión, como que no funcionara el sensor del combustible o la caja de voz, así como que Marlaska descartara durante su instrucción varios informes periciales, pruebas de inteligencia y contratos que probaban las irregularidades de la contratación del avión. Las fuentes consultadas han señalado que las defensas de los seis exmandos han reproducido los argumentos que expuso Marlaska para ordenar el archivo de la causa al considerar que el siniestro se produjo por un fallo humano de los pilotos. Basándose en un informe pericial de la Comisión de Investigación, el magistrado sostuvo que «no fueron las circunstancias de mantenimiento de la aeronave las causas, ni directas ni indirectas del siniestro, sino la preparación concreta de la tripulación para maniobrar en el aeropuerto» de las características del de Trebisonda, con una orografía montañosa.