Archivada la causa contra la mujer de Pinochet porque se investiga en Chile

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa


El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado hoy el sobreseimiento provisional de la causa en la que investigaba a la viuda del exdictador chileno Augusto Pinochet, su abogado y dos ex altos cargos del Banco de Chile imputados por los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Así lo ha decretado el magistrado en un auto dictado hoy en el que acuerda esa decisión tras confirmar que las autoridades judiciales de Chile están investigando los mismos hechos allí y que la instrucción llevada a cabo en aquel país ha sido «realmente efectiva», lo que le hace concluir que la jurisdicción chilena es «preferente».

En 2005, el anterior titular de este juzgado, Baltasar Garzón, abrió esta pieza separada de la causa principal -incoada a raíz de la querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende en 1998- y en 2009 cursó una comisión rogatoria a Chile para preguntar si los jueces estaban investigando el alzamiento de bienes y el blanqueo de capitales denunciado.

El 12 de julio de 2010 la Corte Suprema de Chile informó de que los hechos «están siendo conocidos con jurisdicción y competencia», por lo que Ruz ha decidido archivar la causa contra Lucía Hiriart, el abogado Óscar Custodio Aitken y dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo y Hernán Donoso.

Para el magistrado, existe una «interconexión y coincidencia procesal» de los hechos denunciados y la instrucción llevada a cabo en Chile, donde, a su juicio, «ha existido una investigación y persecución realmente efectiva de los hechos objeto de la presente causa, sujetos a los estándares y presupuestos exigidos por la legalidad y jurisprudencia».

Por ello, entiende que en este caso la Justicia chilena ostenta «necesariamente una mejor posición para la persecución y eventual enjuiciamiento de los hechos investigados y atribuidos a los querellados».

No obstante, Ruz, que ha contado con el visto bueno de la Fiscalía, acuerda remitir testimonio íntegro de todas las actuaciones a las autoridades judiciales chilenas.

La Fundación Española Presidente Allende solicitó ampliar la querella en abril de 2007 y en mayo de 2009 la Fiscalía informó favorablemente respecto al delito de blanqueo de capitales pues entendió que la Audiencia Nacional no es la competente para investigar el alzamiento de bienes.

Sin embargo, en agosto de 2009 Garzón admitió la ampliación por ambos delitos, aunque no identificó a los «responsables concretos» y señalaba que debían practicarse diligencias para identificar «a los que emitieron las correspondientes órdenes que propiciaron la desaparición de los fondos de la familia Pinochet, el eventual blanqueo de los mismos y las demás circunstancias que determinaron el resultado delictivo».

Para el juez, parecía claro que fue «a través de las entidades bancarias que se mencionan (Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos) como se produjeron las maniobras que concluyeron en la desaparición o disimulación de importantísimas cantidades de dinero, de origen presuntamente ilícito».

En noviembre, Garzón amplió la querella presentada en 1998 por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas al de blanqueo de capitales en conexión con uno de alzamiento de bienes respecto a los ex altos cargos del Banco de Chile, ya que a la esposa de Pinochet y a su abogado ya los imputó por estos últimos delitos en 2004, así como al propio dictador y a varios responsables del Riggs Bank.

La causa respecto al Riggs Bank, donde Pinochet había ocultado 10 millones de dólares en cuentas secretas, se archivó en febrero de 2005 después de que el banco llegase a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU por el que reconoció haber cometido un delito al no informar a las autoridades de transacciones que apuntaban al lavado de dinero de Pinochet y aceptó pagar una multa de 16 millones de dólares.

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