Las víctimas de ETA se sienten engañadas y amenazan al Gobierno con salir a la calle

R. Gorriarán MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Manuel H. de León / EFE

El Ejecutivo de Rajoy promete que nunca negociará con la banda terrorista

28 abr 2012 . Actualizado a las 06:54 h.

«Este Gobierno no negocia ni va a negociar con ETA. Nunca». Soraya Sáenz de Santamaría se empleó ayer a fondo para disipar las dudas, sobre todo de las víctimas y de los sectores más conservadores del PP, de que el Plan de Reinserción Integral para los presos no es una contrapartida pactada con la banda. Evitó comentar la negativa reacción del colectivo y de dirigentes populares, como Jaime Mayor Oreja, ante la fórmula de acercamiento de presos. Tampoco valoró el que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hiciese el anuncio en Luxemburgo, algo que también molestó a víctimas y partidos. De hecho, ayer, la presidenta de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), Ángeles Pedraza, tras su reunión con el ministro, advirtió que no se deben a nadie y que, llegado el momento, no dudarán en «salir a la calle», como hicieron con Zapatero, si el Gobierno de Rajoy agrede la memoria de las víctimas. De inicio, reclamaron que se exija a los etarras que pidan perdón como requisito para la reinserción.

Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Foro de Ermua, Voces contra el Terrorismo y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco se mostraron igualmente beligerantes. Dignidad y Justicia, muy crítica con el plan Fernández, rechazó acudir al encuentro con el ministro como media de protesta.

Sáenz ratificó, en cambio, que lo que se demandará a los presos no será una petición de perdón sino una declaración «pública, solemne, decidida y firme» de abandono de ETA. Esa es, subrayó, «la primera exigencia básica y necesaria» para el acercamiento a cárceles del País Vasco.

Hasta ahora, además del abandono que implica un rechazo de las vías violentas, Instituciones Penitenciarias exigía el resarcimiento económico a las víctimas y la colaboración con la Justicia para esclarecer los atentados en que participó el arrepentido. Estos requisitos, sugirió la vicepresidenta, serán exigibles cuando el recluso pretenda beneficios penitenciarios. Entonces, deberá cumplir «todos y cada uno» de los requerimientos.

El Gobierno se vio sorprendido por el duro rechazo de las víctimas y de sectores de su partido, aunque solo haya dado la cara Mayor Oreja, quien volvió a mostrar su «inquietud» por el paso del Gobierno, ya que, a su juicio, «no termina de enterrar el mal llamado proceso de paz» que abrió Zapatero en el 2006.

El Gobierno halló respaldo en el PSOE, cuyo secretario de organización, Óscar López, defendió «los pasos positivos» en materia antiterrorista que da el Gobierno. También el lendakari, Patxi López, cree que el plan de reinserción no es una muestra de debilidad, sino fruto de la «fortaleza del Estado de derecho que ganó la batalla» a ETA.