Jueces y fiscales progresistas ven un intento de criminalizar la disidencia
ESPAÑA
Consideran la reforma penal propuesta «injustificada, innecesaria y carente de matices»
28 abr 2012 . Actualizado a las 07:00 h.España va «de un Estado democrático de derecho a un Estado penal». Los jueces y fiscales progresistas cargaron ayer duramente contra las reformas legales que plantea el Gobierno para combatir las algaradas callejeras y mostraron su preocupación por lo que ellos calificaron de «criminalización de la disidencia política». Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales afirmaron, tras una reunión en Barcelona, que «el Derecho penal no es la repuesta a los problemas sociales». Se referían al reciente anuncio del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que planea reformar el Código Penal para igualar las penas de la violencia callejera con las de la guerrilla urbana, aumentando de uno a dos los años de prisión para los alborotadores. Una medida «injustificada, innecesaria y carente de matices», según estas dos organizaciones de juristas, que entienden que en la ley ya existen suficientes mecanismos para luchar contra este tipo de altercados. «La vía no es endurecer las penas, sino probar la conducta de los que intervienen en estos disturbios», dijo María Moretó.
A juicio de los jueces y fiscales progresistas, en España no existe ningún problema de impunidad respecto a los actos violentos. «Que se debute en el ministerio con propuestas de agravamiento penológico confunde el problema y deja entrever una concepción preconstitucional de los derechos de la ciudadanía», señalaron ambas organizaciones. Recordaron que en marzo, el ministro del Interior dio a conocer una primera reforma del Código Penal, tras las movilizaciones en Valencia contra los recortes educativos, con el objetivo de elevar las penas por el delito de desobediencia. A raíz de la huelga del 29-M, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció otra modificación para equiparar la resistencia pasiva al delito de atentado, criminalizar la convocatoria de manifestaciones en las que haya violencia y para dar un tratamiento análogo al terrorismo y la violencia callejera.