El Supremo aplaza el fallo sobre la libertad de Otegi

Melchor Sáiz-Pardo COLPISA

ESPAÑA

El abogado Iruin asegura que los condenados de Bateragune, lejos de seguir el mandato de los terroristas, actuaban «en contra de ETA»

28 mar 2012 . Actualizado a las 17:21 h.

Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga seguirán por ahora en la cárcel. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pospuesto sin fecha la deliberación sobre si anula o confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a ambos a diez años por intentar reconstruir la coalición ilegalizada a través del proyecto Bateragune. En esa misma sentencia otros tres militantes independentistas fueron castigados a ocho años de cárcel: Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez.

Los magistrados Juan Saavedra (presidente), José Manuel Maza, Juan Ramón Berdugo, Alberto Jorge Barreiro y Miguel Colmenero (ponente) tras deliberar durante dos horas han constatado que no tenían capacidad de llegar a un acuerdo sobre un fallo, por lo que han decidido estudiar más tranquilamente los argumentos de abogados y acusaciones en una o varias futuras sesiones, cuya fecha no han fijado.

Poco antes, y durante casi tres horas, los magistrados habían escuchado los razonamientos de las defensas de los condenados, que este miércoles, en la vista sobre el recurso de casación, habían mantenido que los cinco encausados, lejos de «someterse a ETA» en realidad estaban actuando «al margen» de la banda terrorista, cuando «no en contra de ETA» para conseguir que la izquierda abertzale rompiera de una vez por todas amarras con los pistoleros, en palabras del letrado Iñigo Iruin.

En su vasta intervención ante el Supremo, el letrado de exlíder de LAB ha llamado al tribunal a «mirar hacia adelante» y a «interpretar» el trabajo de los cinco condenados durante 2009, cuando fueron detenidos, a la «luz de que lo que ha sucedido después» en clara referencia al alto el fuego definitivo decretado por ETA en octubre de 2011. Iriun ha insistido en que Otegi y el resto de imputados en el sumario de 'Bateragune', lejos de estar a las órdenes de ETA para evitar que su brazo político fuera independiente, trabajaban en facilitar la «evolución» desde el plano «político-militar» al «estrictamente democrático».

Frente a estos argumentos, estuvo la Fiscalía, que hoy, durante la vista, ha insistido en que se mantuviera intacta la sentencia de la Audiencia Nacional y, por ende, el encarcelamiento de Otegi hasta 2019 y de Díez Usabiaga, al menos, hasta 2020.

En caso de absolución, Otegi recuperaría la libertad de forma inmediata

De ser absuelto en esta causa, Otegi recuperaría la libertad de forma inmediata, ya que no se encuentra en prisión preventiva por ninguna otra causa, si bien tiene pendiente el juicio por el sumario conocido por 'Herriko Tabernas' (financiación ilegal de Batasuna a través de estos locales), en el que podría enfrentarse a una petición de otra decena de años de prisión por pertenencia a ETA.

La izquierda abertzale y sectores del nacionalismo vasco, incluido el Gobierno de Vitoria, han venido reclamando de manera insistente la excarcelación de Otegi y sus compañeros, sobre todo a raíz de que ETA decretara su alto el fuego definitivo el pasado 20 de octubre. Ayer mismo, Amiur llevó esta petición al Congreso. El diputado de Amaiur Rafael Larreina, arropado por el resto parlamentarios de la formación independentista, exigió la revocación de la condena de todos los implicados en el 'caso Bateragune', ya que esa sentencia solo tiene como objetivo «entorpecer» los pasos hacia la normalización política en el País Vasco. Según Larreina, el «duro» fallo de la Audiencia Nacional en realidad fue una «demostración de fuerza» para frenar los cambios de «gran calado» que solo semanas después desembocaron en el anuncio de la banda terrorista de que dejaba las armas.

El diputado 'abertzale' defendió que Otegi y el resto de condenados solo trabajaban para abrir una nueva vía política en Euskadi basada en la democracia y que por ello ni la sociedad vasca ni la comunidad internacional «entienden» por qué fueron encarcelados, máxime cuando el proceso abierto desde la declaración de octubre es «imparable» y ya no tiene «vuelta atrás».

La sentencia de la Audiencia Nacional sostenía que había pruebas suficientes para concluirque Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga no pretendían que la izquierda abertzale rompiera amarras con ETA cuando fueron detenidos, sino que trabajaban para todo lo contrario, para mantener al mundo independentista vasco bajo el control de la organización terrorista y garantizar que siguiera siendo su «brazo político». Y que todo ello lo hacían como destacados «miembros» de la propia ETA, siguiendo las «directrices superiores» de su dirección y «en plena connivencia» con los terroristas y su «estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas».

Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel aseguraron que a finales de 2009 los cinco condenados se «constituyeron en sujetos directamente receptores de las órdenes impartidas por ETA, en cuya organización terrorista están insertos». Por entonces, entraron a «formar parte de un grupo escogido de las filas de la Izquierda Abertzale» al que ETA encomendó la creación de un polo soberanista del que debían formar parte «grupos políticos alejados de los designios de la organización terrorista» y del que se «excluía al PNV». Otegi y Díez Usabiaga -siempre de acuerdo a la sentencia- aceptaron liderar ese grupo bajo una premisa principal impuesta por ETA: «no abandonar la lucha armada, a la que de modo meramente utilitarista y táctico mantenían en segundo plano a fin de conseguir más adhesiones por parte de formaciones políticas remisas a compartir los postulados terroristas de ETA».