La Casa Real queda excluida de la la ley de transparencia, que prevé que el cargo público que oculte o falsee las cuentas será inhabilitado 10 años
24 mar 2012 . Actualizado a las 23:05 h.El Gobierno dio ayer el primer paso para que España deje de ser una excepción entre los países de su entorno al dar luz verde al anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La norma establece también que el Parlamento fijará cada año en los Presupuestos los sueldos máximos de alcaldes, concejales, presidentes de diputación o directivos de mancomunidades. De esta forma, el Gobierno quiere acabar con la barra libre en las retribuciones de los regidores, algunos de los cuales ganan bastante más de los 78.185 euros que recibe el presidente. El de Barcelona, Xavier Trias, lidera la lista con un salario anual de 109.939.
La ley de transparencia, a la que acompaña una ley orgánica complementaria de naturaleza penal, aporta novedades como la obligación de todas las Administraciones (central, autonómica y local) y empresas públicas a suministrar información que se considera «clave» sobre el uso del dinero público, como contratos, convenios, subvenciones o retribuciones de los altos cargos. Este destape que también afecta a altas instituciones como las Cortes, el Poder Judicial, los tribunales Constitucional y de Cuentas, los consejos de Estado y Económico y Social y el Defensor del Pueblo no se aplicará a la Casa Real, por entenderse que no puede ser considerada como parte de las Administraciones públicas.
Contempla sanciones que la portavoz calificó como «duras» para los malos gestores. Desde la destitución del alto cargo que cometa una infracción considerada muy grave en la gestión del dinero público, a la inhabilitación de 10 años cuando se falseen u oculten los datos contables. Pero no se establecen penas de prisión.
Además, amplía el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que esté en manos de las instituciones públicas, siempre que no afecte a la seguridad nacional o colisione con la protección de determinados datos. El Gobierno creará un portal de la transparencia para acceder a toda la información relevante de la Administración General del Estado, que estará a disposición de las demás si quieren utilizarla. Las Administraciones tendrán un mes de plazo para responder las demandas de los ciudadanos.
Audiencia pública
El Ejecutivo inicia el trámite para la aprobación de una ley muy demandada y popular en el último día de la campaña de las elecciones en Andalucía y Asturias y ha dejado para el próximo consejo los Presupuestos que contendrán duros ajustes. Soraya Sáenz de Santamaría aprovechó para decir que la ley «trata de evitar algunas de las conductas poco edificantes que estamos conociendo», en referencia al caso de los ERE.
El lunes se publicará el texto en la web del Ministerio de la Presidencia y se abrirá «por primera vez en España» -según la portavoz- una audiencia pública de 15 días durante los cuales los ciudadanos podrán realizar sus aportaciones, que se analizarán para incluir las que se consideren pertinentes.