El yerno del rey planeó solo la evasión de capitales a una cuenta en Suiza
14 mar 2012 . Actualizado a las 11:13 h.La Fiscalía Anticorrupción todavía no se atreve a dar una cifra, pero ya adelanta que estudia pedir al juez José Castro la imposición de una fianza civil millonaria para Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, a fin de que esa cantidad pueda hacer frente a la responsabilidad pecuniaria que eventualmente se les pueda imponer a ambos en una sentencia condenatoria.
La cifra para cada uno de los dos principales imputados en el caso Nóos podría oscilar entre los dos y los tres millones de euros, según apuntan fuentes del ministerio público, que sigue a la espera de que la Agencia Tributaria entregue el informe preliminar de las cantidades defraudadas o malversadas.
La mayor parte de esos negocios irregulares, a los que Urdangarin y Torres tendrán que responder ahora con su patrimonio, incluido el embargo de bienes inmobiliarios, provienen de las adjudicaciones a dedo de las cumbres empresariales-deportivas con los Gobiernos de Jaume Matas (los Illes Balears Forum) y de Francisco Camps (los Valencia Summit), por los que Nóos se embolsó 5,7 millones, gran parte de los cuales terminaron en poder de los dos socios a través de la facturación fraudulenta a sus empresas.
Pero es que el yerno del rey no puede ocultar su propia responsabilidad en parte del desvío de fondos, una vez que se desvinculó de su socio y actuó por su cuenta. Así fue que Urdangarin ni intentó en el interrogatorio señalar a otros en el asunto suizo. Sabía que era casi lo único de lo que no podía culpar a Torres y echar balones fuera. La trama de defraudación fiscal investigada en Suiza y los cobros millonarios por servicios hinchados de mediación nada tienen que ver con Nóos ni las empresas satélites que ambos crearon para traer a sus bolsillos el dinero público que entraba en la entidad sin ánimo de lucro.
Aguas de Valencia
Los negocios de Aguas de Valencia, como otros que aún investiga la Fiscalía Anticorrupción, son responsabilidad exclusiva del duque. Como atestiguan las facturas de la sociedad Alternative General Services (AGS), los supuestos trabajos, y delitos, tuvieron lugar en diciembre del 2008, meses después de que el marido de la infanta Cristina rompiera con su exsocio tras acusarlo de robo. Los cobros a través de AGS, apunta la pesquisa, quizás sean los primeros negocios que activó Urdangarin cuando decidió volar solo.
Por entonces, el duque de Palma ya era alto directivo de Telefónica, aunque todavía no se había marchado a vivir a Estados Unidos. Hacía más de dos años que la Casa del Rey le había ordenado que rompiera con el Instituto Nóos. La Zarzuela no le prohibió hacer negocios privados, tal y como declaró el exdeportista, ni seguir usando su imagen para lograr millonarios negocios de intermediación, como hacía en la época de Torres.
Julita y el jordano Tabaa
De hecho, el duque ni pestañeó cuando el 26 de febrero, tras horas de interrogatorio en los juzgados de Palma, el fiscal le mostró un manuscrito de su asistente, Julita Cuquerella, en la que por orden de Urdangarin facilitaba al propietario de Aguas de Valencia (Agval), Eugenio Calabuig, un número de cuenta en Suiza y el nombre de AGS. Ante la evidencia de la nota -«me dice Iñaki que tú ya sabes para qué es»-, el yerno del rey no pudo mantener su ignorancia y aseguró que la cuenta pertenecía a un empresario jordano, Massour Tabaa, que había intermediado en la expansión internacional de Agval en el 2008. Y, eso sí, que él no sabía nada de movimientos de capitales de dinero en el país helvético.
El fiscal Pedro Horrach, según abogados presentes en la vista, esbozó una sonrisa condescendiente. Daba igual lo que alegara el duque. Anticorrupción y la Brigada Antiblanqueo sabían que Tabaa, si es que existe, nada tiene que ver con la transacción. El mediador, según la investigación, era el propio Urdangarin, y detrás de esa cuenta de Credit Suisse de Lausana estaba un testaferro del duque, un viejo conocido de los investigadores, el belga Robert Cockx, el mismo gestor internacional que usaron los condenados del caso Banesto, en la época que presidía la entidad Mario Conde, para evadir capitales a Gibraltar a través de transacciones ficticias con locales comerciales.