Según Rajoy, a las comunidades les toca «un esfuerzo muy importante»
06 mar 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno salió ayer en bloque a tratar de cortar de raíz el intento de algunas autonomías de exigir la misma relajación en el objetivo de déficit marcado a las comunidades que el Gobierno español se ha permitido respecto a las exigencias de la Unión Europea. Las peticiones de clemencia lanzadas en público por Cataluña y Andalucía, y en privado por algunas comunidades de PP, no han encontrado eco en la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy., advirtió de que ahora le toca hacer «un esfuerzo muy importante» a las autonomías y los ayuntamientos, y recordó las ayudas aprobadas para que paguen a sus proveedores. Señaló además que a la hora de rendir cuentas ante Bruselas es el Gobierno central el que se responsabilizará de «todo».
La advertencia llegaba 24 horas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que el Gobierno expondrá hoy los ajustes previstos. La batalla promete ser dura, porque muchas comunidades consideran que para cumplir lo que se les exige sería imprescindible una rebaja en las prestaciones sociales que puede chocar con la Constitución y que, en todo caso, tendría que aprobar el Gobierno central. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dejó claro ayer que el nuevo ajuste «es imprescindible y tienen que aceptarlo absolutamente todas las administraciones». «Estamos todos en el mismo barco y vamos a remar en la misma dirección», señaló De Guindos tratando de frenar la tensión con las comunidades.
«No les conviene»
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, fue todavía más lejos y advirtió de que a ninguna comunidad «le conviene» pedir en en el CPFF de hoy que se flexibilicen las exigencias sobre el déficit. Las autonomías que hagan eso, según Montoro, harán «un flaco favor a su reputación ante los mercados e inversores». Se mostró convencido de que ningún consejero autonómico pedirá hoy que se relaje el objetivo porque «ni le conviene a esa comunidad ni al conjunto de España». Y explicó que lo que pedirá es un «compromiso que hay que adoptar en los presupuestos autonómicos aunque algunos estén hechos sobre escenarios no realistas». «La necesidad es adecuar los presupuestos autonómicos al objetivo del déficit público común, que se deriva a su vez de un escenario económico de recesión», concluyó Montoro.
El remate a esa contestación pública del Gobierno al conato de rebelión de las comunidades lo puso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que cargó directamente contra la gestión de las administraciones autonómicas. «La mayor parte del agujero pertenece a las comunidades autónomas y es una responsabilidad de las comunidades autónomas, pero también del Gobierno central, que es el que responde de sus obligaciones en Bruselas y es el que de acuerdo con la Constitución tiene la potestad de ordenar las economías y el horizonte general de la hacienda pública», señaló.
El titular de Exteriores calificó de «completamente incompleta» la ley de financiación de las autonomías y acusó al Gobierno anterior de incumplir «su deber de vigilar a las comunidades autónomas» que han hecho, a su juicio, «gastos absurdos». Sorprendentemente, Margallo, que fue diputado del PP por Valencia, cargó especialmente contra la Comunidad Valenciana, que, según dijo, «ha llegado a tener en Bruselas a más de 60 personas». Añadió además que España es «el único país en que hemos inaugurado aeropuertos peatonales», en referencia al aeródromo de Castellón.