El Supremo absuelve a Garzón en el proceso de la memoria histórica

La sentencia considera que aplicó erróneamente la ley, pero que no prevaricó


redacción / la voz

Baltasar Garzón, condenado el pasado día 9 por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación judicial, por haber autorizado escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, fue absuelto ayer por otra sala del alto tribunal del mismo delito, por el intento de investigar los crímenes del franquismo.

Seis de los siete magistrados de la sala consideraron que el ya exjuez aplicó erróneamente las normas legales en las que se basó para asumir la competencia de dicha investigación, pero que no cometió un delito de prevaricación y, además, el error fue subsanado por el pleno de la sala de lo penal, que era el órgano jurisdiccional competente. El tribunal toma en consideración uno de los principales alegatos de Garzón y admite que «aunque lo hiciera erróneamente, trató de proteger los derechos de las víctimas».

La sentencia, de la que fue ponente Martínez Arrieta, uno de los firmantes de la anterior condenatoria, considera que Garzón no perseguía exactamente la incoación de un proceso penal dirigido a depurar responsabilidad de personas determinadas, sino que más bien «pretendía, mediante la demanda de tutela judicial, la satisfacción del derecho a saber las circunstancias en las que el familiar respectivo falleció».

Esta pretensión de las víctimas, aunque razonable, según el tribunal, «no puede ser dispensada por el sistema penal, pues no es el medio que el legislador ha dispuesto para atender sus legítimas pretensiones». Precisa la sentencia que «la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria, y corresponde al Estado y especialmente a los historiadores, pero no al juez de instrucción».

Los errores

Entre los errores que el Tribunal Supremo atribuye a Garzón cita que no llegó a calificar los hechos como delito contra la humanidad sino como «delito permanente de detención ilegal en el marco de crímenes contra la humanidad». Según la sentencia, las normas internacionales que aplicó en el 2008 no estaban vigentes en el momento del levantamiento militar contra la II República. Lo mismo cabe para el delito de detención ilegal sin dar razón del paradero. «Además -precisa el ponente en la sentencia- no es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda racionalmente pensarse que sigue detenido más allá del plazo de prescripción de 20 años».

La sentencia realiza una firme defensa de la Ley de Amnistía. Frente a la tesis de Garzón de que no era aplicable al caso, recuerda que fue promulgada con el consenso total de las fuerzas políticas en el 1977 y no fue una ley «aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus propios crímenes».

Añade que al haber sido la transición voluntad del pueblo español, «es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se tata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento».

El magistrado Sánchez Melgar formuló un voto particular concurrente al auto. Comparte con la sala lo erróneo de la resolución de Baltasar Garzón, pero discrepa de que ese deba ser el motivo de la absolución. Le parece técnicamente más apropiado señalar que en la conducta del ya exjuez faltó el elemento subjetivo, es decir, la intencionalidad o «abuso de la función judicial con la conciencia de obrar así».

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