El líder del PP de Castellón se enfrenta a los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal por facilitar permisos fitosanitarios
21 ene 2012 . Actualizado a las 06:00 h.La suerte de la que ha presumido en tantas ocasiones el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra -días antes del sorteo del gordo de Navidad se congratulaba de haber resultado agraciado en varias ocasiones-, parece haber desaparecido. El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules dictó ayer la apertura del juicio oral contra el también expresidente de la Diputación por el conocido como caso Naranjax -relativo a su mediación ante diversos ministerios para agilizar permisos fitosanitarios a favor de diversas firmas con las que guardaba relación- y le impuso una fianza de 4,2 millones de euros.
En la causa, abierta por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, también están acusados la exmujer del dirigente popular, Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y la exmujer de este, Montserrat Vives.
Hace poco más de un año, en diciembre del 2010, la Audiencia de Castellón acordó sobreseer la causa contra Fabra y su exesposa por cuatro de los cinco delitos fiscales (los más graves de los referidos en esta causa), supuestamente cometidos entre el 2000 y el 2003, que se siguen en el citado juzgado, por entender que habían prescrito.
Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa (medida que Fabra recurrió ante el Constitucional). Jacobo Pin, noveno titular del juzgado de Nules desde que se abrió el caso Fabra, decreta ahora la apertura de juicio oral tras concluir el pasado 23 la instrucción de la investigación abierta en el 2003 contra el expresidente de la Diputación, e iniciada tras dos querellas presentadas contra él por Vicente Vilar.
El juez considera que «hay indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios haciendo valer su condición de presidente provincial». En su relato, el magistrado recuerda que Vilar era administrador de Naranjax, dedicada a estos productos, a su vez sintetizados por la mercantil Arcavi, cuya titular era su por aquel entonces esposa, Monserrat Vives.
Agricultura y Sanidad
Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, para lo cual contactó con Fabra, quien habría mantenido reuniones con el entonces ministro de Agricultura y ahora presidente del Congreso, Jesús Posada; con el entonces secretario de Estado de Hacienda Juan Costa; el exdiputado Juan José Ortiz y el exsenador Miguel Vicente Prim, para tratar los retrasos en la concesión de licencias e informar sobre el estado administrativo de los productos de Vilar y Vives.
Tras aprobarse la autorización, Fabra habría requerido a Vilar 25 millones de pesetas en metálico en reconocimiento a su intervención. Las posteriores mediaciones habrían permitido que entre los ejercicios fiscales 1999 y 2004, Fabra y su mujer obtuvieran ingresos que ocultaron a la hacienda pública -por valor de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su ahora exesposa- y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según el instructor.