Amnistía Internacional critica al Supremo por juzgar a Baltasar Garzón

El magistrado se enfrenta el martes a su segunda vista oral, por investigar los crímenes del franquismo


Amnistía Internacional calificó ayer de escandaloso que el Tribunal Supremo «persiga penalmente» al juez Baltasar Garzón por investigar las «violaciones de derechos humanos» cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

La organización hizo público un comunicado mundial en el que critica con dureza la decisión de la Sala de lo Penal de juzgar al magistrado de la Audiencia Nacional desde el próximo martes hasta el 13 de febrero por supuesta prevaricación.

La organización en defensa de los derechos humanos censuró que el juez sea juzgado por «buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos», y defendió que la investigación de «abusos contra los derechos humanos» es una obligación de derecho internacional.

El juez, tras finalizar el juicio por las escuchas del caso Gürtel, se enfrenta ahora a un nuevo procesamiento. El próximo martes empieza la segunda vista oral en el Tribunal Supremo contra Garzón por investigar las desapariciones del franquismo. Será con el trámite de cuestiones previas, porque la declaración del acusado y de los testigos no comenzará hasta una semana después.

Garzón, acusado de prevaricación en esta causa, por la cual las acusaciones populares (Manos Limpias y Libertad e Identidad) le piden 20 años de inhabilitación, será interrogado el 31 de enero. Un día más tarde y hasta el 13 de febrero comparecerán los testigos propuestos por la defensa del juez, la mayoría miembros de asociaciones de la memoria histórica de toda España. También declararán dos abogados relacionados con esta causa y los derechos humanos, Fernando Magán y Joan Garcés. Por su parte, la acusación popular solo pidió la declaración de Garzón como acusado.

En el caso de la defensa del juez, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, la sala rechazó la declaración del exfiscal Jiménez Villarejo, la fiscala de la Corte Penal Internacional Carla del Ponte o el juez chileno Juan Guzmán. Dijo entonces el tribunal «que no es necesaria su comparecencia porque su opinión jurídica es ya conocida».

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