El juez Ruz pide a la Fiscalía que resuelva si el expresidente norteaericano es responsable de las torturas.
13 ene 2012 . Actualizado a las 19:59 h.La Audiencia Nacional planteó este viernes la imputación del expresidente de Estados Unidos George W. Bush por su supuesta responsabilidad penal en las torturas de Guantánamo. El paso lo dio el juez Pablo Ruz, quien ha reactivado la investigación derivada de la querella presentada por dos ciudadanos españoles de origen magrebí, Hamed Abderrahman Ahmed y Lahcen Ikasrrien. Ambos estuvieron retenidos en la cárcel de la base norteamericana en suelo cubano.
El juez estimó en un auto que la jurisdicción española es competente para investigar los hechos pues se trata de un delito cometidos contra españoles en el extranjero, y reclamó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita un informe con las personas contra las que «entienda pertinente dirigir la acción penal como presuntos responsables de los hechos».
La querella acusaba de ser responsables de las torturas en Guantánamo a Bush, al exvicepresidente Dick Cheney, al exsecretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld, al excomandante de la base el general Michael Lehner, y al responsable de las detenciones, el general Geoffrey Miller.
Otras de las acusaciones personadas en el proceso, la Asociación Pro Dignidad de los presos y presas de España, pidieron también la imputación de tres mandos militares con funciones operativas en el centro de detención, Jay W. Hood, Mitchel R. Leclaire y James T. Payne III. El juez Ruz, de momento, es partidario de que estos mandos declaren solo en calidad de testigos.
Asimismo, en noviembre pasado el abogado de los dos querellantes reclamó la imputación de George Tener, exdirector de la CIA, tras presentar diversa documentación al juez de ONG internacionales que confirmaban la vulneración de los derechos humanos en Guantánamo.
El magistrado Ruz, titular del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, decidió reactivar la causa después de que las autoridades estadounidenses, a través de su embajada de Madrid, hiciera oídos sordos a las cinco providencias enviadas desde 2009 hasta septiembre pasado sobre estos hechos.