Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Gobierno espera recaudar más de 8.000 millones en el 2012.
05 ene 2012 . Actualizado a las 21:45 h.El Gobierno espera recaudar 8.171,7 millones de euros en 2012 en la lucha contra el fraude fiscal, para lo cual estudia implantar mecanismos como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades en algunas operaciones.
Son directrices que constan en el futuro plan general de control del fraude para 2012 que ha presentado hoy el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Ministros, ha informado a su término la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Dicho plan operará en tres ámbitos: la intensificación de la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.
La iniciativa de limitar el uso de dinero en efectivo en determinadas transacciones tiene como una de sus fuentes de inspiración la legislación que aplican países como Francia e Italia, ha explicado Sáenz de Santamaría.
El Gobierno opina que esta iniciativa puede ser un elemento «muy clarificador» para detectar «grandes bolsas» de fraude y de economía sumergida.
Otra de las políticas que se contemplan en el plan, que se hará público en breve, es la «autorregulación voluntaria».
La idea es que «pequeños contribuyentes» puedan comunicar directamente a la administración tributaria si han incurrido en algún «error» en sus declaraciones, de manera que eviten el inicio de algún tipo de procedimiento sancionador.
De este modo la investigación contra el fraude fiscal, que según ha dicho va a intensificarse, podrá estar más centrada en los grandes expedientes.
También para «facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones» se fomentará la «autocorrección de incidencias censales».
Además, Sáenz de Santamaría ha confiado en profundizar la colaboración de las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, así como en establecer cauces permanentes de información tributaria entre el Estado y las haciendas forales.
También tendrá «gran importancia» la información de la que se dispone «ex novo» de países como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Holandesas, que han dejado de figurar entre los paraísos fiscales a través de la firma de los correspondientes convenios
Asimismo se va a intensificar la actividad presencial de la inspección de trabajo y de la Seguridad Social, mientras que se acudirá a otros mecanismos de información que puedan poner en evidencia la existencia de economía sumergida, como el consumo de energía eléctrica o las terminales de tarjetas de crédito. Por otra parte se adelantará la intervención de los órganos de recaudación y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio de los procedimientos.
Otras directrices que contiene el plan presentado por Cristóbal Montoro prevén una mayor colaboración con los mecanismos de vigilancia aduanera, y la profundización en la normativa antiabuso, como la responsabilidad por ocultación de bienes, la autorización de mecanismos como el levantamiento del velo y la acusación por delitos de insolvencia punible, ha dicho Sáenz de Santamaría.
En el informe presentado por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la Seguridad Social cerró el año 2011 con un déficit de 668 millones de euros, lo que supone el 0,06 % del PIB, frente a la previsión de un superávit del 0,4 % del PIB, ha anunciado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta ha recordado la «preocupante» situación de la tesorería de la Seguridad Social por la caída del número de cotizantes después de conocerse los datos del paro y afiliación a finales de año.
Ha señalado que las estimaciones del gobierno anterior eran de que la Seguridad Social terminará con un superávit del 0,4 %, pero que la «difícil» realidad pone de manifiesto que el sistema termina con un déficit del 0,06 %.