Defensa mantiene los acuerdos con las firmas que presidía Morenés

Una produce misiles para los Ejércitos y otra se dedica a la seguridad privada


madrid / colpisa

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, dirigía dos empresas que proveían armamento y seguridad a las Fuerzas Armadas hasta su nombramiento el pasado jueves. Se trata de la filial española de la multinacional MBDA, encargada de fabricar misiles, entre otro material de defensa, y la empresa Segur Ibérica, que presta servicios de seguridad privada. En MBDA accedió a la presidencia ejecutiva en junio del 2010, cuando fue fichado para relanzar la oficina de Madrid y reforzar las relaciones institucionales con Defensa, mientras que a la presidencia de Segur Ibérica llegó en octubre pasado.

Estas dos empresas forman parte de la lista de compañías distribuidoras al ministerio durante la etapa de Carme Chacón y tienen contratos vigentes en la actualidad. La multinacional europea, por ejemplo, firmó dos grandes contratos en el 2007 y en el 2008. El primero ascendió a 27,7 millones a pagar en cinco anualidades, entre el 2007 y el 2011, e iba dirigido a la adquisición de los misiles modelo Mistral para los helicópteros de combate españoles Tigre. El segundo contrato es más voluminoso, 100 millones de euros más 2,4 millones adicionales, y se firmó para desarrollar el programa europeo de misiles Meteor.

El proyecto Meteor fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales del 2008, participan siete empresas españolas y su financiación se distribuye en seis anualidades, del 2009 al 2015. El objetivo final es dotar al Ejército del Aire de estos avanzados misiles, que en su momento se presentaron como un importante logro para la industria de defensa española. La llegada de Morenés al ministerio, por lo tanto, coincidirá con la vigencia de este programa en el que participa MBDA.

Vigilancia privada

Más austero es el contrato con Segur Ibérica, adonde el ministro llegó en octubre pasado. Defensa contrató los servicios de esta empresa de seguridad en el 2009 y en el 2010. El primero se firmó por 1,2 millones para suministrar la vigilancia privada de varias dependencias oficiales entre el 2010 y el 2011, por lo que debería de ser renovada en próximas fechas. El más reciente fue concedido por el Consejo de Ministros a través de un decreto de subvenciones excepcionales para contratar seguridad privada en los buques atuneros que operan en el Índico, y que se enfrentan a la piratería somalí armada. El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, concedió este servicio a la empresa Segur Ibérica, pese a que existían al menos otras dos compañías del gremio que tenían interés en solicitarlo.

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