El Gobierno afirma saber «la verdad» del chivatazo que «afecta al interés general»

EFE

ESPAÑA

Tras varios años de investigaciones, la autoría del chivatazo que en 2006 alertó a ETA de una operación policial contra su aparato de extorsión sigue sin esclarecerse.

23 dic 2011 . Actualizado a las 18:15 h.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado hoy la voluntad del Ejecutivo del PP de colaborar con la Justicia en relación con el «caso Faisán» porque quiere conocer «la verdad de quienes fueron los responsables del chivatazo a ETA» al ser un asunto que afecta al interés general.

Así lo ha destacado la ministra de la presidencia y portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que la voluntad del Ejecutivo es colaborar con todos los procedimientos judiciales, y «más los que afectan a las fuerzas de seguridad».

El Gobierno quiere «conocer la verdad de quiénes fueron los responsables del chivatazo a ETA, porque eso afecta al interés general y con independencia de quiénes lo hayan cometido deben perseguirse y en su caso castigarse», ha dicho Sáenz de Santamaría.

Tras varios años de investigaciones, la autoría del chivatazo que en 2006 alertó a ETA de una operación policial contra su aparato de extorsión sigue sin esclarecerse.

De hecho, el pasado mes de septiembre la Audiencia Nacional revocó el procesamiento del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, del jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y de un inspector de la Brigada de Información de Álava al considerar insuficientes los indicios existentes contra ellos y pidió al juez que abriera nuevas líneas de investigación.

Así, el instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, pedirá previsiblemente a la Guardia Civil que revise la investigación realizada sobre los hechos por el Cuerpo Nacional de Policía.

Sáenz de Santamaría también ha sido preguntada por cuál será el siguiente paso en la estrategia política del Ejecutivo ante la presencia parlamentaria de Amaiur, a lo que la vicepresidenta ha respondido que el Gobierno cumplirá la ley vigente, que es la Ley de Partidos Políticos, y que dice claramente quién puede concurrir a unas elecciones y quién puede ser impugnado.

Por último, se ha referido a los procedimientos judiciales todavía abiertos en relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, sobre los que ha reiterado su voluntad de colaboración con los tribunales «para que se conozca la verdad en todos los casos y se haga Justicia».

«Esa es la obligación de todo Gobierno, colaborar con la Justicia», ha concluido.