La operación Babel destapa que el duque se ha forjado un patrimonio de más de once millones en apenas una década
11 dic 2011 . Actualizado a las 21:49 h.Las cifras del caso Urdangarin engordan día a día. Los últimos informes, todavía muy provisionales, de la Brigada Antiblanqueo, de Hacienda y de Anticorrupción sobre el entramado empresarial supuestamente tejido por el yerno del rey y su socio, Diego Torres, hablan de todo menos de una fundación sin ánimo de lucro. Los papeles de la denominada 'pieza 24' del 'caso Palma Arena' están plagados de millones de euros y de más de un centenar de negocios con jugosísimas rentabilidades fuera de toda lógica de mercado, aunque no siempre irregulares. La radiografía de la investigación, habida cuenta de la madeja societaria, es complicada y responde fielmente a su denominación: 'Operación Babel'. Ocho, por ahora, son los grandes pilares de esta confusa torre, que amenaza con convertirse en iceberg.
Más de once millones en patrimonio
Las primeras estimaciones apuntan a que el duque de Palma, desde que en 2004 'despertara del letargo a su filántropo Instituto Nóos', se ha hecho con un patrimonio personal muy superior a los once millones de euros, al margen de las asignaciones que haya podido recibir de la Casa Real. A su nombre tiene un palacio de ocho millones de euros en Barcelona, a los que hay que sumar un patrimonio inmobiliario algo menor a los 1,3 millones por cinco pisos en Palma y otro en Tarrasa, dos garajes y un trastero. Y activos por valor de 1,8 millones en sus empresas. Del dinero oculto bajo otras firmas o sociedades o de las cantidades que el entramado societario pueda haber evadido al extranjero los investigadores todavía no se atreven a hacer cálculos. Por el momento, creen poder certificar que al menos 650.000 euros de sus empresas volaron rumbo a Belice y, quizás, a otros paraísos más cercanos.
Las mercantiles de Urdangarin y Torres (quien tiene un patrimonio cercano a los cinco millones) han facturado cerca de 16 millones de euros en los últimos nueve años, de los que más de 6,4 millones vinieron de entidades públicas. Casi la mitad de esos 16 millones con 103 pagadores diferentes fueron captados directamente por la fundación altruista que Urdangarin presidió hasta 2006. La facturación cruzada entre la ONG y las nueve empresas que investiga el juez del caso Palma Arena, José Castro, habría reportado directamente a las arcas de esas firmas no menos de 8,8 millones de euros. Las dos empresas satélites del entramado controladas directamente por el duque, Nóos Consulting y Aizoon (en la que participó la infanta Cristina), facturaron en los 'años de oro' 3,4 y 1,5 millones.
Buena parte de ese dinero eran facturas a la propia fundación sin ánimo de lucro.
El origen de todo
El Forum Illes Balears, dos cumbres deportiva-turísticas organizadas directamente por el Instituto Nóos y adjudicadas a dedo por el Gobierno de Jaume Matas, es el origen de la 'operación Babel' y el segundo mayor supuesto 'pelotazo' del tándem Urdangarin-Torres. Los investigadores, tras los documentos encontrados en los registros de las empresas de los dos socios, ya tienen bastante claras las cifras. El Govern Balear pagó por los encuentros de 2005 y 2006 un total de 2.594.038 euros. Los primeros cálculos apuntan a que 1,4 millones de ese total acabaron en poder de las empresas directamente controladas por Urdangarin, quien apenas ha podido presentar facturas para justificar poco más de un millón de euros.
La adjudicación de esas jornadas a Nóos está plagada de irregularidades.
Ni siquiera se celebraron reuniones oficiales para dar el concurso, tal y como ha reconocido el propio Matas.
El gran golpe
Valencia, hasta el momento, es el gran golpe de Nóos. Se trata de la celebración de las tres ediciones del Valencia Summit, en 2004, 2005 y 2006, unas reuniones internacionales sobre turismo y deporte, que sufragaron la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), del Gobierno autónomo, y la Fundación Turismo Valencia, perteneciente al consistorio. Esos contratos (que a diferencia de Baleares sí que fueron transparentes) supusieron un desembolso público de 3,1 millones, pues garantizaron a la fundación que por entonces presidía el duque un 'canon' anual de 1,04 millones (900.000 euros más IVA) por cada uno de los tres años de las reuniones deportivas. Además de esta cantidad por los Valencia Summit, el Ejecutivo de Camps firmó otro contrato con Urdangarin para que la ciudad albergara unos 'Juegos Europeos' que nunca llegaron a celebrrse, y por el que Nóos se embolsó 382.203 euros. Anticorrupción ya se ha zambullido de lleno en la 'trama valenciana' de Nóos y la semana pasada interrogó a los responsables del ayuntamiento y de la Generalitat que firmaron esos contratos.
A la caza de más dinero público
Al margen de las instituciones valencianas y baleares, otras siete administraciones públicas han declarado a Hacienda haber pagado a Nóos y sus satélites por todo tipo de contratos de consultoría, cuya adjudicación está siendo investigada habida cuenta del desfase entre el coste y la escasa entidad de los trabajos facturados. Se trata de los ayuntamientos de Mataró (86.351 euros), Alcalá de Henares (26.132) Barcelona (11.999) y La Galera (7.500); la Generalitat de Cataluña (75.425) y la Diputación de Barcelona (11.600).
Asesoría inmobiliaria
Mixta África, un promotora que declara tener como objetivo la constrcción de «viviendas económicas» en África y que tiene negocios en Marruecos, Senegal, Túnez, Argelia, Mauritania y Egipto, ha declarado haber abonado al entramado de Urdangarin y Torres 445.000 euros en trabajos de asesoraminto. De ese montante, al menos 365.328 euros fueron a parar a los bolsillos de Aizoon SL, propiedad de Urdangarin y Cristina de Borbón, por trabajos realizados entre 2006 y 2009.
Teddy, a dedo
La Sociedad General de Autores fue la séptima mayor fuente de ingresos del entramado Nóos. Según los informes de Hacienda, la SGAE llegó a pagar más de 528.000 euros, aunque la cifra es mayor. De acuerdo a los datos de la auditoría externa a la que se ha sometido a la sociedad, entre 2005 y 2010, Nóos y Estrategic Lap Innovation (otra de las empresas de la red societaria) facturaron 750.000 euros a la sociedad que vigila los derechos de autor de los creadores españoles. El trabajo encargado era hacer un informe anual sobre la imagen de la SGAE en la sociedad.
Fue el propio Teddy Bautista quien, a dedo, designó a las empresas del duque como asesoras principales, a pesar de que no habían trabajado nunca en el ramo de los autores.
Contratos de todo tipo
Cerca de 90 entidades privadas contrataron con Nóos y sus satélites en la pasada década, lo que supuso al entramado beneficios algo menores de los diez millones de euros. Esas adjudicaciones entre privados -matizan fuentes del caso- no son objeto directo de investigación, aunque sí los movimientos posteriores que el entramado hizo de ese dinero. Algunos de esos trabajos -apuntan los investigadores- están fuera de toda lógica de mercado como pagar, como hizo el Villareal, 690.000 euros por un informe de diez páginas. Los grandes pagadores privados al grupo son, entre otros: Motorpress Ibérica, la editorial en la que fue consejero Urdangarin, ha declarado haber abonado facturas cercanas a los 1,4 millones; Wolkswagen, 1, 2 millones; o Telefónica, la empresa en la que es consejero internacional, 703.852 euros.
Mediaciones deportivas
Difícil rastro
Urdangarin, según los datos recopilados por los investigadores, también habría podido intervenir directamente en la intermediación en tres asuntos deportivos, de los que, por el momento, no hay huella económica.
El primero es la concesión a Valencia de la XXXII Copa América de Vela de 2007, en la que Nóos habría intervenido, según ha confesado un socio del duque, Juan Pablo Molinero. Precisamente Molinero y Nóos también aparecen relacionados con la operación para que en 2003 el Ejecutivo de Jaume Matas cerrara un acuerdo con la empresa Abarca Sports S. L., propiedad de José Miguel Echávarri, para que el equipo ciclista Banesto pasase a llamarse Illes Balears a cambio de 18 millones de euros. La tercera mediación deportiva sería la intervención fallida en 2003 para que el Tour de Francia tuviera al menos una etapa en Mallorca. Según las declaraciones de diversos imputados, el Govern pagó 1,1 millones a Nóos por las gestiones sin éxito.