Familiares del Yak42 piden al juez que concluya la causa de la contratación

Los solicitantes entienden que concurren «indicios relevantes de criminalidad en los imputados».


Varios de los familiares de los militares muertos en el accidente del Yak42 en Turquía en 2003 han pedido al juez Fernando Grande-Marlaska que concluya la causa en la que investiga las irregularidades en la contratación del avión y ha imputado a 6 mandos militares por homicidio por imprudencia grave.

Así lo han solicitado dos de las partes personadas en la causa en sendos escritos dirigidos al magistrado de la Audiencia Nacional, que el pasado 8 de noviembre les preguntó si consideraban necesario practicar las comisiones rogatorias aún pendientes o si entendían que podía finalizar la instrucción de la causa sin realizarlas.

Los familiares de los 62 militares fallecidos reclaman al juez que finalice la instrucción y que continúe las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado -ya que la pena por homicidio por imprudencia grave es de entre 1 y 4 años de prisión- al entender que concurren «indicios relevantes de criminalidad en los imputados».

Se trata de los que fueron Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá, y Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta Manella; el jefe de la división de operaciones del EMACON, José Antonio Martínez, y otros dos responsables de este departamento: Joaquín Yáñez y Alfonso Elías.

El sexto imputado es el ex enlace de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN NAMSA, Abraham Ruiz López.

Asimismo, los familiares critican «la absoluta desidia, ceguera o complicidad» de los encargados de la contratación de las aeronaves en las que se trasladaban a las tropas españolas «a la hora de efectuar los controles de los aviones comerciales», que, según destacan, tenían «fallos de seguridad, mal funcionamiento y mal mantenimiento».

Según los escritos, el accidente ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Turquía «no se trató de un suceso fortuito o imposible de predecir», ya que «los responsables conocían las condiciones de los aviones contratados, por lo que no pueden alegar sorpresa ante el resultado»

Grande-Marlaska aún estaba a la espera de recibir las comisiones rogatorias cursadas a un total de quince países: Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano, Ucrania, Noruega, Egipto, Yibuti, Kuwait, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Canadá y Estados Unidos.

En la otra causa en la que se dividió la investigación penal del accidente se depuraron las responsabilidades por la identificación errónea de los cadáveres de 30 de los militares españoles fallecidos y la Audiencia Nacional condenó a tres años de prisión al general ya fallecido Vicente Navarro y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez, penas que fueron finalmente suspendidas por el tribunal.

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