La Junta de Andalucía carga contra la jueza de los ERE por señalar a Griñán

La Junta de Andalucía volvió a plantar cara a la jueza que instruye el fraude de las ayudas públicas al empleo. El Gobierno regional decidió recurrir el escrito judicial en el que apunta directamente al presidente José Antonio Griñán, en su etapa de consejero de Economía, como responsable último de ciertas operaciones de endeudamiento sospechosas tramitadas por la Consejería de Empleo. El Ejecutivo cree que hay un «error de bulto», porque con su petición de información acerca de quién las autorizó da por supuesto un postulado planteado por una de las partes personadas, el PP, sin comprobar su veracidad.

Visiblemente molesta, y pese a lanzar un comunicado aclarativo a las pocas horas de conocerse el martes el auto de la jueza Mercedes Alaya, la portavoz del Ejecutivo autonómico Mar Moreno compareció para anunciar el recurso. Hasta este momento nunca se había criticado la actuación judicial, aunque sí se había dejado claro que «molestaban» las numerosas valoraciones fuera de tono que la jueza incluía en sus documentos o las extrañas coincidencias de los autos con fechas importantes, tanto en la campaña para las municipales como para las generales. Pero la paciencia parece haber llegado a su fin.

A cinco días del 20-N

Según Moreno, en el auto dado a conocer a cinco días del 20-N, la jueza da trámite a una petición del PP, personado en el caso como el Gobierno regional. Pero comete un «error de bulto» al dar por válido que era el consejero de Economía, el propio Griñán, quien tenía que ratificar esas operaciones y autorizar este tipo de ayuda, cuando ninguna norma obliga a ello. «Ni se produjo la autorización ni tenía que producirse», subrayó

En este sentido, desde la Junta no ocultan su «malestar» ni su «disconformidad» porque la jueza no haya realizado bien su trabajo y ni se haya molestado en comprobar si la legislación exigía ese trámite. «No puede ser que el PP señale por la cara al presidente de la Junta sin fundamento y que el juzgado dé curso a esa petición sin realizar la oportuna comprobación», señaló Moreno, para abundar en que «las resoluciones tienen que ser más cuidadosas».

Más tibia se mostró al valorar la coincidencia de los autos con la campaña -«rutina de autos», en palabras del PSOE andaluz-, pese a que el último documento fue redactado hace una semana. Alfonso Guerra relacionaba directamente a la jueza con el PP y señalaba que este hecho podía estar detrás de esa pauta a la hora de dar a conocer los documentos judiciales. Moreno, sin embargo, no quiso hacer juicios de valor y se limitó a constatar que «los jueces tienen que ser conscientes del daño político» que pueden provocar sus decisiones, por lo que pedía «mesura y cautela». No sin ironía comentaba que con errores como estos, «con voluntad o sin ella», cimentan el objetivo político del PP de «causar escándalo y usar el procedimiento exclusivamente para dañar a la Junta».

Respecto a una posible recusación de Alaya, la Junta lo rechaza por ahora, dado que su estrategia en el caso de los ERE pasa por «colaborar e investigar y llevarlo todo al juzgado».

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