La consejera de la Presidencia ha anunciado que van a recurrir la parte del auto emitido por la jueza relativa a las subvenciones porque «carecen de fundamento jurídico».
16 nov 2011 . Actualizado a las 17:01 h.La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha pedido hoy «mesura» a la jueza que investiga los casos de los supuestos ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, y ha negado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, autorizara cuando fue consejero de Economía y Hacienda las subvenciones investigadas.
En rueda de prensa en el Palacio de San Telmo, la también consejera de la Presidencia ha anunciado que van a recurrir la parte del auto emitido ayer por la jueza relativa a las subvenciones que atribuye al entonces consejero Griñán, porque «carecen de fundamento jurídico».
La consejera ha asegurado que la jueza, «con voluntad o sin ella», está haciendo que con su «error de bulto» el PP esté logrando su objetivo político en este caso, que es «dañar» a Griñán, a través de sus peticiones ante la magistrada respecto a la responsabilidad del presidente en la concesión de subvenciones.
Tras expresar su «total disconformidad y malestar» con la petición de la jueza sobre las supuestas autorizaciones de subvenciones por parte de Griñán, Moreno ha lamentado que Alaya no hiciera las comprobaciones oportunas de la normativa andaluza para advertir que el presidente no tenía que aprobar esas subvenciones.
«No puede ser que el PP señale al presidente de la Junta de Andalucía por la cara, sin ningún fundamento jurídico, y que el juzgado le dé curso a esa petición sin realizar la oportuna comprobación legal», ha subrayado Moreno antes de pedir «mayor cautela» a los tribunales.
La portavoz ha agregado que los jueces «tienen que ser conscientes del impacto político que tienen sus resoluciones para no causar daños innecesarios y gratuitos», en este caso sobre Griñán o la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
Moreno ha apuntado que «un elemento añadido» puede ser la fecha en la que la jueza ha dictado el auto, en campaña electoral, y ha reiterado que la Junta ha sido la que denunció el caso porque quiere sentar en el banquillo a los responsables y recuperar el dinero defraudado.
Además, ha dicho que el Gobierno autonómico no entiende muy bien por qué la jueza incluye en su último auto las ayudas a la empresa Matsa, a la que la Junta concedió 10 millones de euros en subvenciones y en la que trabaja la hija del expresidente andaluz, Manuel Chaves.
Moreno ha señalado que en el auto, la jueza también le «pide cuentas» e información al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), sobre las presuntas irregularidades en las ayudas a la franja pirítica que se cometieron cuando fue delegado del Gobierno en Andalucía y de las que será «hipotéticamente responsable» el PP.
La portavoz del Gobierno andaluz, después de precisar que la jueza no está prevaricando, ha lamentado que el PP «usa los procedimientos judiciales» cuando les afecta y «carga» contra los jueces si les perjudican, como ha dicho que hizo el presidente del PP-A, Javier Arenas, cuando participó en la recusación contra Baltasar Garzón.