El embargo pretende hacer frente al pago de las indemnizaciones para los familiares de los 62 militares españoles fallecidos.
06 oct 2011 . Actualizado a las 20:53 h.El juzgado de primera instancia número 2 de Zaragoza ha iniciado el proceso de embargo por un valor de 6,7 millones de euros en concepto de indemnizaciones contra la compañía Ukranian Mediterranean Airways (UM Air), propietaria del Yak-42 accidentado en 2003, y la contratista del vuelo, Chapman Freeborn.
En un auto firmado por la jueza Pilar Rubio, al que ha tenido acceso Efe, se ordena a ambas empresas que comuniquen su relación de bienes para hacer frente al pago de las indemnizaciones para los familiares de las víctimas del accidente de Turquía, en el que fallecieron 62 militares españoles.
El escrito advierte a ambas empresas de que podrán ser sancionadas si no comunican sus bienes o si excluyen del listado bienes propios susceptibles de embargo.
El importe a embargar asciende a los 5,1 millones de euros en concepto de indemnización principal e intereses vencidos y otros 1,5 millones de euros, que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que puedan devengarse hasta el pago efectivo de las cantidades fijadas en sentencia.
En noviembre del año pasado, la Audiencia de Zaragoza rechazó los recursos de apelación presentados por Um Air, Chapman Freeborn y la compañía de seguros Busin Joint contra la sentencia que les condenó, en marzo de 2010, a indemnizar con más de 6,2 millones de euros a las familias de los 62 militares muertos en el accidente.
En la resolución, la Audiencia achacó el siniestro a los graves errores de pilotaje cometidos por la tripulación del avión, que se estrelló en Turquía el 26 de mayo del año 2003, y estableció la responsabilidad de las compañías que se encargaron de organizar el vuelo, Chapman Freeborn y UM Air.
La sentencia consideraba probado que el siniestro fue fruto de un «fallo humano» y una maniobra temeraria de la tripulación y sostiene que el vuelo tenía carácter civil y no militar.
Por otro lado, uno de los testigos en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional para averiguar si se cometieron irregularidades en la contratación del avión siniestrado, un teniente coronel, ha asegurado que sus funciones eran meramente administrativas y ha negado que realizara seguimiento alguno sobre los vuelos, han informado fuentes jurídicas.
En su declaración ayer ante el juez Fernando Grande-Marlaska, el militar ha manifestado que se limitaba a controlar facturas y a verificar que eran correctas.
En esta causa hay imputados seis personas, entre ellas, cinco altos mandos militares por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave.