Las promesas de ambas partes de dejar de lado la política antiterrorista dentro del debate partidista fueron sustituidas por gruesas acusaciones cruzadas tras conocer el fallo
23 sep 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La decisión de la Audiencia Nacional de revocar el procesamiento de los tres mandos policiales por el chivatazo a ETA disparó el enfrentamiento entre el Partido Popular, de una parte, y el PSOE y el Gobierno, de otra.
Las promesas de ambas partes de dejar de lado la política antiterrorista dentro del debate partidista fueron sustituidas por gruesas acusaciones cruzadas tras conocer el fallo, que reconoce que hubo soplo al aparato de extorsión de ETA, pero que no hay indicios suficientes para sentar en el banquillo al exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe Superior del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector José María Ballesteros.
Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior cuando tuvo lugar el soplo a ETA, ahora en su condición de candidato socialista, no dudó en arremeter contra los populares, a los que directamente culpó de usar este sumario para desprestigiarlo personalmente. También desde el Gobierno, su portavoz, José Blanco, cargó contra la oposición. «Todo el discurso del PP de hablar de responsabilidades políticas se ha quedado sin argumentos», apostilló.
La artillería pesada desde las filas populares corrió a cargo de Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que el fallo de la Sala de lo Penal que reconoce la existencia de delito prueba que hubo «alta traición» y que, por tanto, es «lo más grave que ha ocurrido en España» en materia antiterrorista. Rajoy, que desde el principio ha mantenido un perfil bajo en este asunto, insistió en su línea. «Respeto las decisiones de los tribunales, que han dicho que hay delito y que es bueno seguir investigando».