La Audiencia Nacional ve en el caso Faisán delito, pero no pruebas contra los acusados
ESPAÑA
Revoca los procesamientos y ordena al juez instructor que prosiga la investigación o archive definitivamente la causa
22 sep 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Hubo chivatazo a ETA y hubo delito, pero, al menos por ahora, no hay pruebas suficientes para sentar en el banquillo a los tres mandos policiales acusados del soplo al aparato de extorsión terrorista en Irún el 4 mayo del 2006. Por unanimidad, con algunas controversias jurídicas y técnicas, pero tras apenas cuatro horas de deliberaciones, los quince magistrados del pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidieron revocar el procesamiento del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe Superior del País Vasco, Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros.
Los jueces, al tiempo que echaban por tierra la decisión tomada el pasado 13 de julio por el instructor Pablo Ruz de llevar a juicio a los tres imputados, devolvieron los 23 tomos del sumario al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien deberá seguir investigando para intentar encontrar indicios más sólidos que el tráfico de llamadas entre los implicados si quiere volver a elevar a la sección este caso para que sea enjuiciado.
Fue una decisión sorpresiva, ya que se esperaba que los magistrados centraran su debate en si el caso se quedaba en la Audiencia Nacional o si reducía el delito de colaboración con banda terrorista al de simple revelación de secretos, como pedía el ministerio público, que en la sesión del martes ya apuntó sus dudas sobre el procesamiento habida cuenta de la «debilidad» de las pruebas.
Con los votos a favor de todos los jueces, el máximo órgano de la Audiencia Nacional hizo suyas las tesis del fiscal jefe, Javier Zaragoza, y, tras constatar que «los indicios contra los procesados no son suficientes» para llevarles ante un tribunal, decidió estimar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros.
Las defensas de los procesados, durante la vista previa del martes, lejos de entrar en la competencia o no de la Audiencia Nacional como hicieron las acusaciones, habían pedido directamente el archivo de las actuaciones por la falta de pruebas que apuntasen a los policías, que siempre han defendido que nada tuvieron que ver con el soplo.
Una posibilidad, la de dar carpetazo definitivo al caso, que el pleno rechazó ayer porque los magistrados «aprecian indicios suficientes de un hecho que reviste los caracteres de delito», o sea que sí que existió la delación, supuestamente policial, a ETA y que ese soplo es un ilícito penal castigable.
Los jueces ordenaron a Ruz que reabra el caso que dio por concluido, con el beneplácito de la Fiscalía, el pasado julio, tras algo más de cinco años de investigaciones. La Sala de lo Penal aprovechó para dar un indisimulado tirón de orejas a Pablo Ruz, a quien «requieren» una «más amplia investigación» para llevar a sus superiores pruebas más concluyentes de quién o quiénes avisaron al dueño del Faisán.
Ruz, tras este varapalo, deberá decidir en breve si amplía la investigación con nuevos interrogatorios. Pero el instructor también tiene otra opción: tirar la toalla y archivar el caso por falta de autor conocido, tal y como le solicitó el fiscal Carlos Bautista al anterior instructor, Baltasar Garzón, en octubre del 2009.