El fiscal rechaza la acusación de colaboración con banda armada por el caso Faisán

La Fiscalía fue tajante ante los jueces de la Audiencia Nacional que decidirán el futuro del caso Faisán: sí, hubo un soplo policial al aparato de extorsión de ETA en mayo del 2006 y esa delación es constitutiva de delito, pero ese ilícito no responde al tipo penal de colaboración con banda armada, penado con hasta diez años, sino a una simple revelación de secretos o encubrimiento, castigado con un máximo de tres años de prisión.

Ante el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ayer comenzó la vista para decidir qué tribunal es competente para enjuiciar este caso, fue el propio fiscal jefe del tribunal, Javier Zaragoza, el que defendió que no se produjo esa colaboración con ETA porque en el ánimo de los procesados (el ex director general de la Policía Víctor García-Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros) nunca estuvo el de «ayudar» a la banda.

Zaragoza dijo que los imputados, lejos de colaborar con ETA, tenían «otras motivaciones», la de no «fastidiar el proceso», en referencia a las negociaciones entre el Gobierno y la banda abiertas a raíz de la tregua del 2006. Según la tesis del fiscal, esa ausencia de intencionalidad de coadyuvar a los fines de la banda y la obvia falta de afinidad ideológica de los mandos policiales con los objetivos de ETA hacen inviable sostener la acusación de colaboración con banda armada. Las defensas de los tres procesados pidieron el archivo de las actuaciones, y las acusaciones apoyaron las tesis del instructor. La sala decidirá a partir de hoy la suerte de este proceso.

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