El grupo popular registra una moción en el Congreso para implicar al exministro del Interior y su sucesor en la investigación del chivatazo a ETA.
22 jul 2011 . Actualizado a las 12:11 h.El PP ha registrado una moción en el Congreso, en la que se exige la asunción de responsabilidades políticas de forma urgente tanto por parte del anterior ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como del actual, Antonio Camacho, por el denominado caso Faisán.
En la moción, los 'populares' consideran «indispensable y urgente» la asunción de responsabilidades políticas por parte de los superiores jerárquicos del que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, en el momento del chivatazo a la banda terrorista ETA en el bar Faisán de Irún, tras su procesamiento por un posible delito de colaboración con organización terrorista.
La «duda permanente sobre el estricto cumplimiento de la legalidad por parte de los responsables políticos del Ministerio del Interior» ha llegado hasta el extremo de que, actualmente, tres altos mandos policiales están procesados por un delito de colaboración con organización terrorista, señala el PP.
En el texto de la moción, consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno defendida el pasado miércoles en el Pleno, el Grupo Popular considera «una exigencia democrática el respeto de los miembros del Ejecutivo a la independencia del poder judicial».
Para el PP, las declaraciones del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en las que criticaba y tildaba de «disparatado» el auto de procesamiento dictado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el caso Faisán, son «una muestra más de la necesidad de que el Parlamento siga exigiendo al actual Gobierno un mayor respeto al principio de división de poderes».
También se exige a los miembros del Ejecutivo respeto a las resoluciones judiciales, de acuerdo con una propuesta de resolución aprobada en el último debate del Estado de la Nación, a la vez que se les pide el cumplimiento urgente de las sentencias de los tribunales de justicia que anulan los nombramientos de puestos de libre designación en el Ministerio del Interior.
Asimismo, se insta al Ejecutivo a atender, en tiempo y forma, las solicitudes de información presentadas por los grupos parlamentarios, al tiempo que se solicita a los miembros del Gobierno que comparezcan en el Congreso cuando sean requeridos para ello.