Se le acusa de hacer de puente entre el aparato militar y los presos de la banda
14 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Efectivos de la Guardia Civil detuvieron ayer en la localidad guipuzcoana de Hernani a la abogada de la izquierda aberzale Arantxa Zulueta, acusada de colaboración con ETA por su supuesta vinculación con los tres zulos de la banda terrorista encontrados el martes en el País Vasco francés. Según mandos de la lucha antiterrorista, Zulueta fue el origen de la investigación que condujo a la Guardia Civil a los tres escondites de la localidad de Saint-Etienne de Baigorry, en los Pirineos Atlánticos, en los que ETA guardaba 20.000 dólares y explosivos.
La abogada fue detenida en abril del 2010, junto a otros dos letrados y siete personas, acusados de ser miembros del aparato H-Alboka, la correa de transmisión entre la dirección terrorista y los presos de la organización. Durante esa operación, los agentes registraron, entre otros, el despacho profesional de Zulueta, en Bilbao. Detrás de un cuadro, los funcionarios encontraron un pen drive con abundante documentación que ha tardado meses en ser descifrada.
Mandos de los servicios de Información explicaron que en ese soporte encontraron un mapa con tres indicaciones de parajes de Saint-Etienne de Baigorry, cuyo significado, en principio, desconocían, aunque desde el principio sospecharon que se trataba de la ubicación de sendos zulos de la banda.
La hipótesis de los investigadores es que Zulueta tenía en su poder esos documentos porque algún preso de la banda se los hizo llegar para que ella, a su vez, informara a la cúpula del aparato militar de la ubicación de los arsenales tras la caída de sus responsables. La letrada fue conducida a dependencias de la Jefatura de Información de la Guardia Civil en Madrid para su interrogatorio antes ser puesta, previsiblemente hoy, a disposición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.
Zulueta, tras su detención en abril del 2010, salió en libertad en diciembre de ese año después de abonar una fianza de 60.000 euros impuesta por la Audiencia Nacional. Además de la abogada quedaron en libertad los otros letrados capturados en esa redada, Iker Sarriegi y Jon Emparantza. Desde entonces, aunque había vuelto a ejercer, Zulueta tenía que comparecer cada semana ante el juzgado y tenía prohibido abandonar el país. Grande Marlaska también investiga su relación con una trama de cobro del llamado impuesto revolucionario descubierta a raíz de la operación contra los abogados-enlaces de ETA.
El PP reclamó ayer al Gobierno que inste a la Abogacía del Estado a iniciar el proceso judicial para ilegalizar a los partidos que conforman la coalición Bildu para poder lograr después la expulsión de todos sus cargos públicos de las decenas de ayuntamientos e instituciones del País Vasco y Navarra donde gobiernan, entre ellas el consistorio de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa. La portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que el último comunicado de ETA «demuestra que quienes decíamos que Bildu está al servicio de la estrategia política de la banda y que eran la misma cosa teníamos razón». Sostuvo que también deja claro que el Tribunal Constitucional se equivocó al no detectar pruebas sobre sus vínculos.