Después del 19-J, los manifestantes quieren dar un paso más convocando una jornada de paro general y un sondeo ciudadano para el 15 de octubre.
21 jun 2011 . Actualizado a las 09:57 h.Tras el éxito de las últimas movilizaciones del 19-J, los indignados quieren dar ahora un paso más: convocar una huelga general y un referéndum popular para el 15 de octubre. Pero, ¿pueden hacerlo? ¿es legal que los integrantes del Movimiento 15-M convoquen de forma independiente una jornada de paro y una consulta ciudadana?
La Constitución española recoge en el artículo 28 el derecho de huelga como un derecho fundamental que defiende los intereses de los trabajadores. Los indignados quieren que su iniciativa parta de la ciudadanía y no de los sindicatos, por lo que los manifestantes no podrían convocar legalmente una huelga general, que solo podría surgir de los trabajadores.
Según el profesor Ricardo López Mosteiro, abogado y titular de Derecho del Trabajo de la Universidade de A Coruña, «solo los trabajadores pueden convocar una huelga general por motivos laborales, para defender sus derechos». «Pueden llamarle paro, pero no se puede definir técnicamente como huelga -explica López Mosteiro-, ni siquiera un empresario puede convocar una huelga, podría hacer un cierre patronal, pero la huelga debe tener un fundamento laboral». El abogado añade que «en caso de que la iniciativa surgiese de un sindicato, tendría que revestirlo como defensa de los trabajadores, acotar los ideales que se demandan en motivos concretos laborales». «No se puede convocar una huelga general por motivos políticos, ni siquiera solidarios», aclara.
En el caso del referéndum popular, previsto para el 15 de octubre, las cosas cambian. Los indignados sí podrían presentar esta iniciativa a nivel nacional de forma completamente legal, e intentar sacarla adelante siguiendo los pasos que dicta la Constitución. La convocatoria parte de integrantes del Movimiento 15-M y de la delegación madrileña de Democracia Real Ya, para «transmitir que los cambios que se reclaman no son patrimonio de una minoría, sino deseo de una parte muy importante de la sociedad». El sondeo popular se basaría en cinco preguntas, que además permitirán conocer qué porcentaje de ciudadanos respaldan la realidad del movimiento:
-¿Quieres que tu voto tenga un valor justo y poder elegir libremente a tus representantes?
-¿Quieres saber cómo se gastan tus impuestos? ¿Quieres erradicar la corrupción política?
-¿Quieres evitar la influencia política sobre los jueces?
- ¿Quieres tener voz y voto en las decisiones políticas que más afectan?
- ¿Quieres que la economía esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía? ¿Quieres que los responsables de la crisis paguen por ella?
Pero la realidad no es tan fácil. «Es un proceso costoso y difícil de sacar adelante -indica Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional-. En primer lugar se deberá presentar ante el Congreso de los Diputados una propuesta que no afecte a materias de ley orgánica». Blanco Valdés explica que, según esto, los indignados tendrán que redactar un texto con propuestas concretas que no podrán hacer referencia ni a la ley electoral, ni a materia tributaria ni a cuestiones de carácter internacional, como por ejemplo, el Pacto del Euro. Una vez aprobado el texto, se deberán conseguir un mínimo de 500.000 firmas acreditadas para que se inicie la tramitación parlamentaria. «El proceso tiene una dificultad añadida, el Congreso puede rechazar finalmente el texto sin más», añade Blanco Valdés.