No hubo ni un gesto de acercamiento ni un atisbo de autocrítica a pesar del toque de atención. Populares y socialistas insistieron en culparse mutuamente del bloqueo de la renovación. María Dolores de Cospedal la relacionó con la «muy mala noticia» que supuso legalizar a Bildu, permitiendo que esté en las instituciones, y destacó que «es la primera vez en la historia que se produce» y después de una «sentencia que ha sido muy especial». «Habrá que analizar lo que tiene que ver con esa decisión», insistió. Aseguró que las dimisiones demuestran que en España no hay «un liderazgo necesario en el Gobierno», lo que está conduciendo «al caos en todas las instituciones».
El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, tampoco se dio por aludido y señaló que la decisión es un mensaje al PP para que tenga una «voluntad clara» de renovar el tribunal. El número tres de los socialistas pidió al partido de Rajoy que «de una vez por todas» sea capaz de entender que «tiene que cooperar y colaborar» para que tenga lugar la renovación. Recordó que el bloqueo dura ya mucho y el PSOE siempre encuentra «diferencias insalvables» en su oponente.
Los contactos entre el PSOE y el PP se rompieron definitivamente el 30 de diciembre, cuando José Bono dio por cerrado el plazo para proponer candidatos después de que durante un mes lo hubiera prorrogado por dos veces para que los dos grandes partidos, cuyo acuerdo es imprescindible para los nombramientos, pactasen los cuatro aspirantes. Si la renovación se hiciese en lo que queda de legislatura, se mantendría la mayoría progresista, ya que socialistas y populares se reparten la designación de los cuatro magistrados que nombra en Congreso. Esta es una buena razón para que al PP no le interese que se haga ahora, sino tras su previsible victoria electoral.