Los bienes de todos los diputados y senadores se publicarán en septiembre en las web y se suprimirá el pago de complementos de pensiones.
14 jun 2011 . Actualizado a las 21:30 h.Las Cortes ejecutarán en las próximas semanas una batería de medidas para dar la máxima transparencia a los bienes de los diputados y senadores para acabar con los casos de parlamentarios pluriempleados, y para liquidar los complementos de pensiones y ayudas que recibían algunas de sus señorías al dejar el escaño, lo que en algunos ámbitos se ha bautizado como «privilegios parlamentarios».
Se trata de una propuesta realizada hoy a todos los grupos políticos por los presidentes del Congreso y Senado, José Bono y Javier Rojo, que será una realidad a corto plazo porque los portavoces de los principales partidos ya han anticipado el sí a estas medidas. Las medidas de forma global se aproximan a las propuestas que realizaron los grupos de izquierda, el PNV y Coalición Canaria y, en menor medida, el PP.
Bono aseguró que la actuación busca prestigiar a los políticos, un colectivo en el que «hay personas tan honorables como cualquiera y que, además, quiere ser más transparente que ningún otro». El presidente de la cámara consideró que también servirá para acabar con los ataques de «maledicentes, calumniadores y personas de mala fe que quieren tratar a los políticos de forma desconsiderada». Sus palabras no son ajenas a que las encuestas señalan a los dirigentes políticos y a los partidos como la tercera preocupación de los españoles.
La medida de más calado es la que reclama que ambas cámaras acuñen una nueva doctrina para que la «dedicación absoluta» a la tarea parlamentaria, que es la obligación legal, sea la norma general de todo diputado o senador y que la concesión de compatibilidades para el desempeño de un trabajo privado remunerado sea «una excepción» justificada sólo en condiciones muy concretas.
Los propios presidentes reconocen que las cámaras habían caído en una manga ancha que había convertido las excepciones en «una suerte de regla general», lo que llevó a que casi un centenar de parlamentarios, un 15% del total de las dos cámaras, ejerzan trabajos al margen del Parlamento, en algunos caos con muy altas remuneraciones adicionales.
Se trata, por tanto, de acabar con el pluriempleo y reducir las segundas actividades de sus señorías a colaboraciones extraordinarias con universidades, creación literaria, científica o artística, u otras tareas compatibles con su cargo como la colaboración con medios de comunicación.
La segunda gran medida es la publicación de todos los bienes de los parlamentarios para que cualquier ciudadano pueda conocer con detalle sus rentas y patrimonio antes y después de obtener el cargo. Para ello se hará una modificación de la ley electoral por el procedimiento de urgencia que podría estar aprobada en julio y que permitiría que en septiembre estos datos, ordenados con un formulario tipo que garantice la seguridad del declarante, se puedan colgar en las web de ambas cámaras para su consulta libre.
Transparencia para todos
Ambos presidentes, a propuesta de Rojo, recomiendan también que este acto de transparencia, que desde esta legislatura realiza el Gobierno, se extienda como obligatorio a través de una modificación legal a todos los cargos electos autonómicos y municipales, y también a los responsables de entes, organismos y empresas públicas, así como al personal de confianza y libre designación.
Las mesas de Congreso y Senado liquidarán todos los llamados «privilegios parlamentarios» con efecto a partir de la próxima legislatura, aunque se mantendrán los derechos adquiridos. Se eliminará la posibilidad de cobrar un complemento que eleve la pensión de jubilación hasta un 80% o un 100% de la paga máxima para los parlamentarios que hayan completado al menos dos legislaturas.
Este beneficio sólo lo han cobrado unos 80 parlamentarios desde su entrada en vigor en 2006 y se diseñó para los dirigentes políticos que procedían del exilio y no habían podido cotizar.
También se suprimirá la indemnización al dejar el cargo con un valor de un mes de sueldo por año en las Cortes para todo el que comience a ejercer un trabajo remunerado o cobre una pensión. Se mantendrá sólo para quien se quede en paro ya que los diputados no tienen derecho al desempleo.
Las medidas acaban también con el pago de cotizaciones a la Seguridad Social a exdiputados sin trabajo hasta que alcanzasen el tiempo mínimo legal para jubilarse con un paga; con los pagos de pensiones a viudas o huérfanos de parlamentarios; y restringen las ayudas que se conceden a casos extraordinarios, que ahora deberán ser autorizadas por los tres quintos de los miembros de las mesas de las cámaras. La última disposición es que se publicarán en las web parlamentarias todas las percepciones otorgadas con el vigente reglamento.