El vicepresidente da por hecho que la estabilidad está avalada por CiU y el PNV, que no garantizan su respaldo a los Presupuestos del 2012
04 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Tantas veces se ha sentido el Grupo Parlamentario Socialista con el agua al cuello a lo largo de esta legislatura, y tantas ha terminado por salir a flote que ya no piensa que el catastrófico resultado del 22-M vaya a ser una dificultad añadida para sacar adelante en el Congreso las reformas económicas pendientes o los Presupuestos Generales del Estado del 2012. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio ayer por descontado, de hecho, que el Ejecutivo no tendrá problema alguno para poder agotar la legislatura; un objetivo en el que Zapatero tiene un empeño personal. Lo dijo tras sondear en persona al presidente de CiU, Artur Mas, la semana pasada y de que Zapatero hiciera lo propio con el líder del PNV, Íñigo Urkullu, el pasado miércoles. Y eso que ninguno de los dos se comprometió a un respaldo gratuito.
El portavoz convergente en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, advirtió ayer en su blog que el apoyo de su formación a las medidas económicas aún pendientes de aprobación está condicionado a que el Gobierno atienda las necesidades financieras y competenciales de Cataluña. No es un contencioso sencillo el que está en juego. La Generalitat presentó esta semana sus presupuestos para el 2011 con una previsión de déficit del 2,66 % del PIB, el doble del objetivo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es de 1,3 %. Pero alega que ese desfase se vería compensado si la Administración central le abona 2.850 millones de euros a los que dice tener derecho, 1.450 millones del Fondo de Competitividad, un dinero que el Ejecutivo argumentaba hasta ahora que solo puede transferirse a ejercicio vencido y que, por lo tanto, no toca hasta dentro de dos años; 1.200 millones de inversiones en infraestructuras, según su interpretación del Estatuto, y 200 correspondientes al traspaso de activos inmobiliarios, hospitales y edificios cuya titularidad es ahora de la Seguridad Social.
A eso se une la demanda de Artur Mas de un pacto fiscal entre el Estado y su comunidad, al estilo del concierto vasco, una fórmula que desajustaría por completo el sistema de financiación aprobado hace dos años. Rubalcaba, que esta misma semana dijo creer conocer la solución a las permanentes tensiones entre la Generalitat y el Gobierno, aseguró tras el Consejo de Ministros que «el Gobierno no tiene en la cabeza ningún pacto fiscal de esa naturaleza; ya nos posicionamos en contra y nada ha cambiado».