Algunos participantes en la manifestación han proferido gritos contra el Gobierno -«Zapatero, embustero», «Zapatero, dimisión» y «Rubalcaba a prisión»-, rompiendo el silencio y los ocasionales aplausos con los que ha transcurrido la marcha.
09 abr 2011 . Actualizado a las 22:58 h.Miles de personas han exigido hoy al Gobierno en Madrid, en una manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) bajo el lema «Por la derrota del terrorismo: ETA fuera de las elecciones», que ninguna candidatura auspiciada por la banda terrorista esté en los comicios del 22-M.
Cerrado el paso provisionalmente a Sortu por el Tribunal Supremo, aunque a falta todavía de que el Constitucional resuelva el recurso que previsiblemente presentará esa formación, los organizadores y asistentes a la marcha han puesto nombre propio a ese supuesto proyecto de ETA para volver a las instituciones: Bildu, la coalición integrada por EA, Alternatiba y abertzales independientes.
«Bildu es una criatura de ETA», ha dicho al término de la manifestación la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, que ha dicho que si ETA consigue estar en las elecciones con esa u otra marca será porque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «lo permiten».
No ha sido Pedraza la única que ha interpelado al jefe del Ejecutivo y al titular de Interior, ya que algunos de los participantes en la manifestación han proferido gritos contra ellos -«Zapatero, embustero», «Zapatero, dimisión» y «Rubalcaba a prisión»-, rompiendo el silencio y los ocasionales aplausos con los que ha transcurrido la marcha.
Un minuto de silencio en memoria de las víctimas, un breve documental en el que ciudadanos y víctimas de ETA se pronunciaban contra la vuelta de la banda a las instituciones, una suelta de globos y finalmente los acordes del himno nacional han puesto fin al acto en la plaza de Colón, donde -además de Pedraza- han intervenido otros tres familiares de víctimas del terrorismo.
Entre ellos estaba Daniel Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, que ha asegurado que la Audiencia Nacional es «cómplice» de la banda por dejar en libertad en 2009 a varios miembros de Batasuna que, según él, ahora hacen de «correa de transmisión» de las directrices que marca la dirección de la organización terrorista.
Portero, que preside la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular en las causas que se siguen en ese tribunal por terrorismo, también ha criticado a los magistrados de la Audiencia y del Tribunal Supremo que se han pronunciado en contra de mantener la acusación de colaboración con ETA a los imputados en el «caso Faisán» y de la ilegalización de Sortu.
A la manifestación no ha acudido ningún representante del Gobierno, lo que le ha parecido «muy mal» a Pedraza, que ha considerado que la convocatoria contaba «con un lema impecable» que debía ser defendido por «todos los españoles».
La marcha sí ha contado con una amplia representación del PP, encabezada por su secretaria general, María Dolores de Cospedal, aunque finalmente no ha asistido el presidente de este partido, Mariano Rajoy.
«El PP está en esta manifestación», ha respondido al ser preguntada por la ausencia de Rajoy la dirigente popular, que en declaraciones a los periodistas ha manifestado que con ETA «no se negocia, con ETA se termina», y ha añadido que la banda terrorista «se llame como se llame no puede estar en las elecciones ni en las instituciones».
Cospedal ha exigido al Gobierno que haga «todo lo humana y legalmente posible para que ETA no esté en las instituciones», petición en la que ha sido secundada por otros miembros de su partido como el presidente del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti y los vicesecretarios de Comunicación y de Organización del partido, Esteban González Pons y Ana Mato, respectivamente.
Sólo el eurodiputado y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja y el también parlamentario europeo y ex dirigente del PP vasco Carlos Iturgaiz se han apartado de esa línea y han dado por seguro que después del 22-M «ETA estará en los ayuntamientos» como parte de un «proceso» acordado por el Gobierno y la banda terrorista.