María José Campanario rechaza aceptar su culpabilidad y se sentará en el banquillo

La mujer de Jesulín no aceptó pactar su condena con el fiscal y aceptar su culpabilidad a cambio de reducir su condena hasta dos años de prisión.


La esposa del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, ha rechazado pactar su condena con el fiscal de la «Operación Karlos» y aceptar su culpabilidad, a cambio de reducir su condena hasta dos años de prisión, con lo que conseguiría que se le conmutara el ingreso en la cárcel.

Fuentes próximas al caso han señalado a EFE que María José Campanario, para quien el fiscal solicita cuatro años y medio de prisión; su madre, Remedios Torres, y el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara son de los pocos acusados, una treintena en total, que han rechazado reducir su condena a cambio de reconocer su culpabilidad durante el juicio por la «Operación Karlos» que se iniciará en la Audiencia Provincial de Cádiz el próximo 11 de abril.

Campanario, según las mismas fuentes, se sentará entonces en el banquillo manteniendo lo que ha mantenido desde el principio: que ella es inocente y que nunca entregó a Carlos Carretero, exjefe de la Policía Local de Ubrique y uno de los principales acusados del caso, 18.000 euros para que su madre obtuviera de manera fraudulenta una pensión de incapacidad laboral, tal y como considera el fiscal, que la acusa de estafa y cooperación en falsedad documental.

Para Carlos Carretero y para el inspector médico Francisco Casto Pérez, los dos principales acusados, el fiscal pide diez años de prisión por delitos como cohecho, actividades prohibidas a funcionario público, falsedad documental y estafa, ya que considera que ambos hicieron un plan para, a cambio de dinero, conseguir pensiones de incapacidad laboral o invalidez de la Seguridad Social para distintos vecinos de la provincia de Cádiz.

Según informa hoy el Diario de Cádiz, el fiscal ha cerrado acuerdos con unos quince procesados, entre ellos Carretero y en su mayoría clientes en la trama que aceptarán penas máximas de dos años de prisión, con lo que, si son condenados, eludirían ingresar en un centro penitenciario.

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