El juez confirma que el Gobierno se reunió con la banda para justificar los arrestos del Faisán
ESPAÑA
El juez del chivatazo a ETA, Pablo Ruz, confirmó que el Gobierno se reunió con ETA dos días después de las detenciones del aparato de extorsión de la banda del bar Faisán y que en esa reunión los representantes del Ejecutivo se defendieron ante las «recriminaciones» de los terroristas por los arrestos en plena tregua. Esas detenciones se habían frustrado un mes antes por el famoso soplo policial.
El contenido de ese encuentro, que tuvo lugar el 22 de junio del 2006, es el eje principal de la comisión rogatoria remitida por la jueza antiterrorista Laurence Levert en diciembre y que Ruz había mantenido en el más estricto de los secretos hasta ayer.
El magistrado decidió levantar la reserva tras la filtración de las actas de ETA sobre los encuentros durante la pasada tregua. En su auto desvela que durante los últimos cuatro meses ha estado volcado en cuerpo y alma a saber de qué hablaron exactamente los terroristas y cuatro representantes del Gobierno. Ruz, explicaron fuentes judiciales, se refiere a la reunión en la que, dando credibilidad a las actas de ETA, los enviados del Ejecutivo calificaron de «accidente grave» los arrestos del cabecilla del aparato de extorsión, Joseba Elosúa, y otras 11 personas el 20 de junio del 2006, detenciones que se habían frustrado un mes y medio antes a cuenta del chivatazo del 4 de mayo. En ese encuentro, los representantes del Gobierno se excusaron ante los terroristas diciendo que «no habían podido parar» la redada ordenada por el magistrado Fernando Grande-Marlaska porque «una carta [de extorsión] le llegó al juez» y se desencadenó la operación.
El magistrado desvela en su auto hecho público ayer que supiera de esa reunión y ha reclamado al Gobierno todo tipo de información sobre ese encuentro. El escrito de Ruz admite que fel Gobierno identificó a cuatro de los negociadores y que al menos tres de ellos declararon en secreto y como testigos protegidos en la Audiencia Nacional en enero y febrero. Supuestamente serían el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, el ex ministro socialista Javier Moscoso y el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez.