Antonio Fernández mantuvo en su cargo al urdidor de la trama, Javier Guerrero
15 mar 2011 . Actualizado a las 21:32 h.Como era de esperar, la investigación judicial por las falsas prejubilaciones pagadas con dinero público en Andalucía alcanzó el Gobierno autónomo. La jueza que investiga el caso, Mercedes Alaya, notificó al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández que será llamado en breve a declarar como imputado. Fuentes del caso apuntan que el que fue responsable del departamento entre los años 2004 y 2010, e integrante del núcleo duro del entonces presidente Manuel Chaves, recibió un burofax en el que se le invita a personarse en la causa con su abogado porque de la investigación se deducen responsabilidades penales contra él. Ya trascendió que previsiblemente los cargos serán por malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
La imputación de Fernández se hace porque en el 2001 era gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ente público que asumió el pago de las ayudas a empresas en crisis y los expedientes de regulación. El IFA ejercía esas funciones en virtud de un acuerdo con la Consejería de Empleo firmado ese año. Según denuncia la oposición y consta en el informe de la Policía Judicial, el acuerdo se hizo para eludir así cualquier control o fiscalización a la hora de otorgar las ayudas, y provocó el descontrol administrativo que cuestionó la Intervención General de Hacienda.
Tres años después, Fernández asumió el cargo de consejero andaluz de Empleo, y hasta el 2010, un período en el que mantuvo en su cargo al director general de Trabajo y considerado principal urdidor de la trama de los ERE, Francisco Javier Guerrero. Tras más de un decenio en distintos altos cargos en la Administración regional, fue relevado de sus responsabilidades como consejero poco después de la llegada a la presidencia de la Junta de José Antonio Griñán.
Cautela socialista
La citación del ex consejero fue acogida con cautela desde el PSOE andaluz, en cuya sede se pudo ver ayer de forma inusual al secretario general y presidente autónomo, José Antonio Griñán, y a la portavoz del Gobierno y secretaria ejecutiva, Mar Moreno. La secretaria de organización, Susana Díaz, insistió en que el preaviso de citación es solo una «garantía procesal» del sistema judicial. «Vamos a ser respetuosos y a esperar a que actúe la Justicia», afirmó, al tiempo que dijo que el ex consejero ahora «tendrá la oportunidad de defender su inocencia y honestidad» ante el juez.
Díaz recordó la «contundencia» demostrada por el PSOE en casos de corrupción con la suspensión de los implicados en irregularidades, como el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, imputado en el caso Mercasevilla, si bien eludió pronunciarse sobre la permanencia en el partido de Fernández.
En esta línea, expresó el respaldo absoluto al predecesor de Fernández, José Antonio Viera, secretario general del PSOE en Sevilla, en el punto de mira por ser quien llevó a Guerrero a la Consejería de Empleo.