Pedreira ordena a Hacienda liquidar lo defraudado por los imputados en Gürtel

El requerimiento afecta también a la esposa del presunto cerebro de la trama, Carmen Rodríguez Quijano, y a varias empresas vinculadas a la red


El instructor del «caso Gürtel» en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha encargado a la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria que realice una liquidación de las cuotas presuntamente defraudadas por los cabecillas de la trama y por varios ex altos cargos del PP.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto, al que ha tenido acceso Efe, que responde a la petición realizada por la Abogacía General del Estado, en nombre de Hacienda, el pasado mes de octubre.

En dicho auto el juez pide que se liquiden las cantidades que supuestamente no declararon a Hacienda 13 de los imputados, entre ellos los supuestos jefes de la red - Francisco Correa y Pablo Crespo-, así como los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino, investigados por un presunto fraude fiscal.

En concreto, como solicitó la Abogacía General del Estado, Pedreira encarga a la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria que realice las liquidaciones correspondientes a las cantidades que defraudaron a Hacienda los imputados, «siempre y cuando éstas arrojen un resultado superior a 120.000 euros por cada impuesto y cada ejercicio fiscal».

El requerimiento afecta también a la esposa del presunto cerebro de la trama, Carmen Rodríguez Quijano, y a varias empresas vinculadas a la red, entre las que figuran Special Events, Technology Consulting Management, Pasadena Viajes, Easy Concept, Servimadrid Integral, Good and Better y Diseño Asimétrico.

Además de Bárcenas y Merino, Pedreira solicita las liquidaciones tributarias de los ex diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, así como los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey, Arturo González Panero, Guillermo Ortega, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente.

En la lista figura también César Tomás Martín Morales, ex vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla.

En cumplimiento de lo solicitado por la Abogacía General del Estado, las liquidaciones habrán de practicarse respecto de todos los hechos imponibles, generados en España o en el extranjero, descubiertos a raíz de la investigación, tanto por las percepciones individuales de ganancias patrimoniales y rendimientos, como por las imputables a personas jurídicas.

Igualmente, la Unidad de Auxilio de la Agencia Tributaria deberá concretar si consta que los ingresos y rendimientos de los imputados proceden del cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas o la organización de actos públicos, en cuyo caso tendrá que realizar dos liquidaciones por separado.

Los informes que Hacienda ha remitido hasta ahora al juez Pedreira sobre la actividad económica de los imputados entre 2002 y 2007, revelan que Correa, que no hizo esos años la declaración de la renta, podría haber defraudado una cuota de más de 18 millones de euros.

En el caso de Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia, la cantidad que pudo dejar de declarar a Hacienda en 2006 supera los 500.000 euros.

Por otra parte, el juez Antonio Pedreira ha dictado una providencia en la que reitera las comisiones rogatorias remitidas a Colombia, Panamá, Francia, Marruecos, Holanda y las Antillas holandesas con el fin de localizar el dinero blanqueado por la organización de Correa, que aún no han sido cumplimentadas.

El magistrado insiste en la «urgencia» de que se practiquen las diligencias solicitadas, teniendo en cuenta que dos de los imputados -Correa y su supuesto «número dos», Pablo Crespo- continúan en prisión.

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