El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ordenó ayer el ingreso en prisión incondicional de los últimos tres miembros del comando Otazua, desarticulado el martes por la Guardia Civil en Vizcaya, Beatriz Etxebarria, Lorena López e Íñigo Zapirain. El magistrado, tras interrogarlos, les imputó un total de 17 atentados, uno más de los que habían confesado inicialmente, entre enero del 2006 y julio del 2009, repartidos por cinco comunidades autónomas, entre ellos los asesinatos del policía Eduardo Puelles en Arrigorriaga y el brigada Luis Conde en Santoña.
El instructor, que ya envió a la cárcel el pasado viernes al cuarto integrante del comando, Daniel Pastor Alonso, les imputa a todos ellos los delitos genéricos de integración en banda armada, tenencia de explosivos y armas y falsificación. Sobre su participación en los diferentes atentados, Grande-Marlaska se inhibirá a partir de ahora a favor del resto de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, ya que estas acciones terroristas están repartidas por los seis tribunales de la sede de la calle Génova.
La prueba de cargo en todos ellos será la doble confesión de Zapirain, que reconoció, primero ante la Guardia Civil, y ayer ante el propio Grande-Marlaska, su participación, en compañía de Pastor y Etxebarria, en todos y cada uno de los atentados que se le imputan. La cuarta procesada, López, al parecer no participó en ninguna de estas acciones, pero el juez cree que, como poco, era colaboradora del comando, ya que vivía junto a su pareja en la casa de Galdácano en la que el comando guardaba el grueso de su arsenal de explosivos y armas, de cuya existencia, obviamente, debía estar al tanto.
En todo caso, no hubo sorpresas en el auto hecho público ayer sobre los atentados que, ahora sí de manera oficial, se les imputan a los miembros del comando Otazua y que eran las acciones que ya habían adelantado fuentes de la lucha antiterrorista en días anteriores. El grupo cometió, entre otros, el asesinato de Puelles y los intentos de homicidio del escolta Gabriel Ginés y un policía de Zorroza. Además se le imputan la colocación de tres vehículos bomba, el que mató a Conde en Santoña, el coche embutido de explosivos contra la delegación del Ministerio de Defensa de Logroño y el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos, en julio de 2009, su última acción, que provocó 65 heridos.