PP e IU exigen sin éxito una investigación en Andalucía por el caso de los ERE

La Cámara acogió el primer debate sobre los ERE que investiga la Justicia en los que, de momento, la Junta ha encontrado 39 irregularidades.

efe

El PP e IU demandaron ayer en el Parlamento andaluz, sin éxito, la creación de una comisión que investigue la «trama» de los expedientes de regulación de empleo y la gestión «salpicada» de los ex consejeros de Empleo Jose Antonio Viera y Antonio Fernández, de los que la Junta defendió su «brillante» actuación.

La Cámara acogió el primer debate sobre los ERE que investiga la Justicia en los que, de momento, la Junta ha encontrado 39 irregularidades o presuntos falsos prejubilados en el período del 2001 al 2009. En un agrio debate, el consejero de Empleo, Manuel Recio, explicó que cada partida de los ERE ha venido apareciendo en los presupuestos, que son «legales, públicas» y han sido debatidas en la Cámara. Partidas, dijo, para «garantizar» las rentas a empresas y trabajadores en crisis que han suscrito pólizas hasta la jubilación.

Tras recordar que fue la Junta la que llevó el caso Mercasevilla, el origen de los ERE irregulares, a la justicia y que ha mandado los expedientes irregulares al juzgado número 6 de Sevilla, matizó que la Junta está cotejando si todas las personas que cobran prejubilaciones se corresponden con las pólizas.

Responsabilidades políticas

El portavoz del PP, Antonio Sanz, apuntó la «responsabilidad política» del ex presidente andaluz Manuel Chaves, del actual, José Antonio Griñán, y del ex consejero Gaspar Zarrías. «Nadie se cree que los procedimientos se hayan realizado sin aval político de estos dirigentes», advirtió Sanz, que calificó el caso como el de «mayor escándalo» político, económico y social de la comunidad.

Diego Valderas, portavoz de IU, apuntó directamente a la responsabilidad política de los ex consejeros de Empleo, cuya gestión está «salpicada por acción u omisión». Añadió que «alguien ha metido la mano, la pata y hay responsabilidades políticas, jurídicas y administrativas, y la obligación es esclarecer la manos manchadas con el dinero público». Y exigió a la Junta de Andalucía «limpiar la era de mangantes».

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