Gobierno y Fiscalía cierran su estrategia para cortar el paso a Sortu con la doctrina del Supremo

El tablero en el que se jugará el futuro electoral de Sortu ya está desplegado. Tiene 40 páginas y es la sentencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo del 22 de mayo de 2007 que declaró «improcedente» la constitución de 'Abertzale Sozialisten Batasuna' (ASB) y que denegó su inscripción en el registro de partidos del Ministerio del Interior al considerar a esa, entonces recién nacida, formación como una «continuación o sucesión del partido político declarado ilegal y disuelto Batasuna». Esa resolución es, en realidad, el único antecedente judicial exacto del proceso que ahora está por comenzar y cuyo desenlace, a pesar de conocer el campo de batalla, nadie en el Ejecutivo y ni en la judicatura se atreve a vaticinar.

Responsables de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado desvelan cómo será todo el proceso a seguir contra la nueva formación. Interior ni siquiera va a agotar los 20 días que le da el artículo 4 de la Ley de Partidos. Antes denegará de manera cautelar la inscripción de Sortu en el registro al entender que, más allá de los impolutos estatutos, la formación es un sucedáneo de Batasuna. Será entonces cuando dé traslado oficial de los estatutos (oficiosamente los conocen desde el miércoles) a Justicia y al Ministerio Público. A esos documentos se unirá la decena larga de informes de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil elaborados desde julio hasta ahora, incluidos al menos dos nuevos atestados sobre la presentación del partido el lunes en Bilbao y de la rueda de prensa de sus promotores el miércoles en Madrid y en la que los dirigentes de Sortu eludieron pedirle a ETA su desaparición y condenar sus asesinatos.

Y, a partir de ahí, los técnicos del Gobierno y de la Fiscalía tiene previsto calcar buena parte de las impugnaciones que hicieron entonces contra ASB, el primero de los dos intentos de Batasuna por estar en las elecciones municipales de hace cuatro años. La modalidad jurídica será idéntica: sendas «demandas incidentales en proceso de ejecución 1/2003, 6/2002 y 7/2002». O, lo que es lo mismo: pedir al supremo que declare «fraudulenta» a Sortu (y por ende confirmar la denegación de la inscripción) por ser «continuadora» de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.

Invocarán tres preceptos de la ley de partidos: 5.6., el que permite «perseguir la inscripción de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal»; el 12.1, que obliga al «cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto»; y el 12.3 que deja en manos del Supremo «declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto».

Matices

Pero habrá matices con respecto a 2007. Los estatutos del partido, que fueron una de las bases de las impugnaciones de hace cuatro años, son irreprochables, hasta el punto, sospechan los expertos, que la 'carta de nacimiento' ha sido diseñada con la sentencia del Supremo delante para sortear cualquier pega. El eje de los escritos en los que vienen trabajando sin descanso desde hace meses la abogacía y de la Fiscalía, por tanto, serán las personas. No los cuatro promotores de la formación -sin vínculos notables con partidos ilegalizados a diferencia de lo ocurrido con ASB- sino los numerosos dirigentes de Batasuna que desde noviembre han venido anunciando y presentando al nuevo partido, «tutelando», entienden los expertos de Interior, el nacimiento de Sortu.

Los informes policiales son «concluyentes y contundentes»: responsables de la coalición abertzale han estado presentes desde el principio. Es más, ni siquiera lo han ocultado, como subrayó el pasado viernes Alfredo Pérez Rubalcaba cuando anunció que el Ejecutivo recurrirá la inscripción. Y es ahí, donde el Supremo deja un resquicio. El alto tribunal ya dictaminó en 2007 que para vetar la inscripción no sólo había que valorar los estatutos o la condena o no al terrorismo, sino todo el conjunto. Es más, según estableció el Supremo en el caso de ASB, la «aparición» de responsables de formaciones clandestinas «en actos públicos, soslayando formalmente toda referencia a la formación ilegal, son reveladoras de un evidente respaldo por parte de ésta, tales como manifestaciones, ruedas de prensa, y actos similares».

Actos y presentaciones

Y los informes inciden en ese punto. En el primer anuncio de que se iba a presentar un partido abertzale que iba a rechazar la violencia y cuyos estatutos iban a adecuarse a la ley de partidos, que tuvo lugar en un hotel de Pamplona, ejercieron como maestros de ceremonias del acto la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, (de la ilegalizada ANV) y el últimamente habitual portavoz de la izquierda abertzale clandestina, Rufi Etxebarria. A ese evento asistieron cerca de 300 miembros de candidaturas ilegalizadas en la última década, entre ellos rostros muy conocidos de esas formaciones como Txelui Moreno, Santi Kiroga, Niko Moreno, Tasio Erkizia, Julen Aginako, Aitor Bezares, Arantza Urkaregi o los abogados habituales de Batasuna Iñigo Iruín o Jone Goiricelaia.

Los atestados policiales dan cuenta de que, desde entonces, esos ex dirigentes de Batasuna han dado «continuidad» al proyecto hasta que este mes de febrero se han presentado los estatutos y sus cuatro promotores 'limpios' han dado la cara. Aún así es cierto, reconocen los informes, la izquierda abertzale se ha cuidado de que las personas que intervinieron activamente en la promoción de ASB y que se citan expresamente en la sentencia de ilegalización de ese partido (Pernando Barrena o Joseba Permach, entre otros) no aparezcan en primera línea.

Los informes insisten. Fue el 4 de enero cuando, de nuevo un conocido 'batasuno', Txelui Moreno, anunció en una entrevista en una radio vascacumplirán los requisitos exigidos en la Ley de Partidos e incluirán el «rechazo» al uso de la violencia para conseguir objetivos políticos.

«Precio insignificante»

Apenas una semana después, fue el mismísimo Otegi quien desde la cárcel y a través de las páginas de 'Gara' mostró su «apoyo total e incondicionalmente la iniciativa» que se había anunciado en Pamplona y en la que también adelantaba que esa formación «aceptaría las condiciones de la Ley de Partidos» porque ese eran «un precio insignificante».

Los servicios de Información se hacen eco de otro puñado de actos y reuniones. Los últimos informes, aun en elaboración, también insisten en que el pasado lunes, cuando en Bilbao se hizo público finalmente el nombre, el ideario y las líneas básicas de los estatutos fueron de nuevo Rufi Etxebarria y el abogado 'abertzale' Iruin los responsables de presentar el acto, al que acudió buena parte de la plana mayor de la ilegalizada Batasuna que sigue en libertad: Ahora sí Permach y Barrena, amén de Tasio Erquicia, Rafael Díez Usabiaga (imputado por intentar resucitar la coalición a través de Bateragune junto a Otegi), Goiricelaia o el ex jefe político de ETA, Eugenio Etxebeste, 'Antxon'.

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