La Junta andaluza reconoce una trama corrupta con falsos despidos

Personas ajenas a empresas en crisis se llevaron parte de los 647 millones que movió sin control un ex director de Empleo

efe

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, reconoció ayer por primera vez la existencia de irregularidades en diversos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, que incluyeron a personas ajenas como prejubilados que habrían pasado así a percibir indebidamente prestaciones al cargo de la Administración autónoma. La trama la está investigando el propio Gobierno andaluz, que la aceleró tras la reciente declaración del ex director general de Empleo Javier Guerrero -en el marco judicial del caso Mercasevilla, relacionado con cobro de comisiones y delitos urbanísticos- en que afirmó que había dispuesto de un fondo de 647 millones de euros, y sin control, para empresas en crisis. La pesquisa ya ha detectado 37 nuevos casos de beneficiados, entre los que estarían el ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo y el ex delegado de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés, ambos socialistas.

Griñán pidió que no se especulase sobre las personas que son falsos jubilados en diferentes ERE porque puede ser que el uso de nombres falsos para percibir recursos públicos sea parte de esta trama. «No quiero hablar de nombres -insistió Griñán-. Hay que entender que puede que hayan sido utilizados sus nombres con fines ilícitos», para que terceros se lucrasen. «Sí sabemos que quien ha autorizado estos nombres ha cometido una irregularidad manifiesta», lamentó.

Colaboración total

Tras recordar que fue la Junta la primera que denunció irregularidades en el caso de Mercasevilla, Griñán dijo que el Gobierno ha colaborado «en todo lo que pedía la instrucción de la causa y también en lo que no pedía», para añadir que trasladó los hechos a la Fiscalía, solicitó personarse en la causa, demandó la comparecencia en el Parlamento del consejero de Empleo, Manuel Recio, y remitirá todos los expedientes a la Cámara de Cuentas.

Aseguró asimismo que está convencido de que se han producido actuaciones irregulares que hay que depurar «hasta el final». Sin embargo, matizó, está «archidemostrado» que en los fondos no existen irregularidades, y que la ilegalidad está en el uso que se ha hecho de ellos.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, pidió «máxima transparencia» a la hora de esclarecer el caso Mercasevilla. El ministro insistió en que la competencia para resolver los ERE en empresas ubicadas en Andalucía corresponde al Gobierno autónomo.

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