Una decena de informes policiales muestran su conexión con ETA
06 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Gobierno, bajo la atenta mirada del PP y de las víctimas del terrorismo, se acerca al momento de la verdad. Alfredo Pérez Rubalcaba no para de repetir que Batasuna o cualquiera de sus trasuntos se quedarán fuera de las elecciones salvo que ETA deje de matar para siempre, renuncia que no se desprende ni de sus comunicados ni de sus actos, o que su brazo político reniegue de la banda y condene con claridad sus asesinatos. Es el ultimátum para Arnaldo Otegi y sus compañeros.
Mañana, Rufi Etxebarria, la principal cara visible que Batasuna tiene fuera de la cárcel, presentará en un acto público los estatutos de la formación que la izquierda aberzale, tras meses de anuncios y postergaciones, pretende inscribir el miércoles en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Los expertos antiterroristas esperan que reitere la presunta apuesta exclusiva por las vías políticas y exhiba unos estatutos «impecables» desde el punto de vista legal, pero no prevén que dé el paso decisivo de la condena a ETA y sus crímenes.
En paralelo, los letrados de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, coordinados con el Ministerio del Interior, acelerarán la redacción de las demandas que dentro de unas semanas presentarán ante el Supremo para reclamar que el alto tribunal rechace el inscripción del partido por ser un heredero directo de Batasuna y, por lo tanto, un nuevo intento de fraude para burlar la ilegalización decretada en el 2003.
Un año de investigación
Las fuerzas de seguridad investigan desde hace casi un año el germen del nuevo partido y todos los movimientos internos y públicos del entorno político de ETA. Sus trabajos, enriquecidos por las aportaciones de los agentes del CNI, están ya plasmados en una docena de informes y atestados, el último de la semana pasada, en los que se constata que Batasuna ni siquiera se molesta en ocultar la paternidad de su nueva pantalla política, que está promovida por no menos de 20 de los más destacados dirigentes de las distintas formaciones ilegalizadas por sus vínculos con ETA.
La Guardia Civil también aportará documentos incautados en las dos últimas operaciones contra Ekin -el comisariado político de los terroristas-, en los que ETA, al menos hasta tres meses antes del alto el fuego de septiembre pasado, insistía en arrogarse el papel de «dinamizadora política» de la izquierda aberzale e insistía en la necesidad de concurrir a las elecciones municipales para no perder influencia ni poder.
Interior y la Fiscalía creen que, solo con los indicios ya recabados, el Supremo tendrá munición jurídica suficiente para desechar las nuevas siglas por ocultar a la ilegalizada Batasuna.
Se trata de un incidente de ejecución de sentencia, por lo que ni siquiera hace falta ya probar al tribunal posibles vínculos directos con ETA. Eso, recuerdan, ya quedó demostrado en el 2003 y no cambiará mientras Arnaldo Otegi y los suyos no demuestren a los jueces su desvinculación total respecto a los terroristas. «Todo lo que nazca de Batasuna ya es ilegal», resumen los juristas.