Trinidad Jiménez pide avances democráticos a Marruecos antes de verse con el embajador

madrid / efe

ESPAÑA

La ministra cree que las reformas en el país sufren «una cierta paralización»

03 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, insistió ayer en que no ve probable que las protestas en Egipto se extiendan a Marruecos, aunque sí invitó a que el reino alauí aproveche la situación que se vive en la región para profundizar en sus reformas democráticas. Jiménez, en declaraciones a Antena 3, y poco antes de reunirse con el embajador marroquí, subrayó que «no hay riesgo de contagio» a Marruecos de los casos de Egipto y Túnez porque hace tiempo que el Gobierno de Rabat inició un proceso de cambio que «lo hace diferente del resto de los países» árabes.

A su juicio, hay una alternancia y un «juego político» entre partidos y actores sociales que facilita «canalizar las legítimas aspiraciones del pueblo marroquí». No obstante, admitió que «siempre hay que tener como meta una mayor profundización» y que hay voces que estiman que el proceso en Marruecos «ha sufrido una cierta paralización y debería avanzarse».

«Es la oportunidad y el momento para tener ese objetivo», concluyó Jiménez, solo unas horas antes de reunirse con el nuevo embajador marroquí en España, Ahmedu Uld Suilem, para analizar las relaciones bilaterales. El encuentro, celebrado en el palacio de Viana, sede del ministerio, también sirvió para intercambiar impresiones sobre la situación en la región tras las revueltas de Túnez y Egipto.

Se trata de la primera reunión de Jiménez con Uld Suilem, que llegó a España el 8 de enero y entregó las cartas credenciales al Rey dos días después. Ambos comentaron la situación en el Sáhara Occidental, asunto en el que el Gobierno español busca fórmulas que propicien una solución al conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario.

Mohamed VI nombró embajador a Uld Suilem el pasado 26 de noviembre, una semana antes de que Rabat anunciara su decisión de revisar el conjunto de la relación con España en protesta por la moción aprobada en el Congreso de condena por la violencia usada en el desalojo del campamento de El Aaiún.