Estrasburgo recibe cada año más demandas contra España

julio á. fariñas REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

De las trece sentencias dictadas durante el 2010 solo seis constatan una violación del Convenio de Derechos Humanos

28 ene 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo recibió el año pasado 689 demandas contra España -un 7,5% más que en el 2009- según se desprende de las estadísticas provisionales de su memoria anual, presentadas ayer por su presidente, Jean Paul Costa.

El tribunal tiene pendientes de examinar casi 140.000 demandas, de las que 60.000 entraron el año pasado. La mayoría proceden de los antiguos países del Este -Rusia, Rumanía, Ucrania, Polonia, Moldavia, Serbia, Bulgaria y Eslovenia-, y de Turquía, Austria e Italia. Del total, solo 980 van dirigidas contra España.

El número de demandas presentadas contra medidas de los Gobiernos sobre peticiones de asilo o inmigración son las que registraron un mayor incremento: el 53%, lo que es el dato más preocupante, a juicio del presidente del tribunal.

Solo seis condenas

De las sentencias emitidas el año pasado, 13 afectan a España. Solo en seis de ellas se constató que había habido violación de los derechos del demandante que protege la Convención Europea de Derechos Humanos.

Las otras siete respaldan las decisiones de los tribunales españoles que anularon 133 candidaturas de la formación Acción Nacionalista Vasca (ANV) que concurrían a las elecciones en el País Vasco y Navarra el año 2007.

Estrasburgo también avaló la fianza de tres millones de euros impuesta por la Justicia española a Apostolos Ioannis Mangouras, capitán del Prestige. Tampoco consideró que se hubiesen violado los derechos de Rafael Vera en su proceso ni los del transexual lucense Alexia Pardo Vila por haber restringido la Justicia las visitas a su hijo.

Estrasburgo sí le dio la razón al etarra Mikel San Argimiro al estimar que no se investigaron en profundidad las denuncias por torturas tras su detención en el 2002. También se la dio al periodista José Luis Gutiérrez al entender que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, al condenarlo en vía civil por la publicación, en 1995, de un artículo en Diario 16 en el que se hablaba sobre la familia real de Marruecos.