Menos elocuente ha sido el presidente del Congreso, su compañero de filas José Bono, que ha eludido pronunciarse al respecto.
«Tengo una opinión, pero mejor que no me pronuncie sobre lo que hace una Cámara como es el Senado, que tiene todos mis respetos», se ha limitado a contestar al ser preguntado por los periodistas.
Según han coincidido en señalar Pere Macías (CiU) y Josu Erkoreka (PNV), el gasto que supone la traducción simultánea es «poco importante» en el presupuesto de la Cámara Alta.
Joan Ridao (ERC) y Gaspar Llamazares (IU), mientras tanto, han afeado al PP su «populismo» y le han reprochado su visión «unitaria» de un país plural y multilingüe.
Desde el PP -único grupo que ayer no recurrió a las lenguas cooficiales en sus intervenciones-, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha puesto el acento en el «tremendo disparate» de esta medida «con la que está cayendo y con los sacrificios que pide el Gobierno».
A sus críticas se ha unido la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, al opinar que «hay otras formas mejores de gastarse el dinero» y al señalar que «el sentido común fija que en instituciones comunes se hable la lengua común».
El Senado no ha sido ajeno a esta controversia, después de que el senador del PP José Antonio Monago dijera que iba a expresarse en «extremeño».
Luego, y tras los reproches que ha recibido de otros senadores, como Xosé Manuel Pérez Bouzá (BNG) o Carles Bonet (Entesa), Monago ha pedido disculpas por si alguien se había sentido ridiculizado, pero ha insistido en que él hablaba en extremeño. «Le puede gustar más o menos, pero barato sí que es», ha apostillado.
Aprovechando su presencia en Madrid para asistir al debate estatutario, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha terciado en el asunto con una propuesta intermedia: que los senadores hablen en su lengua materna y que luego ellos mismos traduzcan lo que han dicho.
