La desviación en las cuentas públicas de Cataluña supone una amenaza para la economía española

Enrique Clemente Navarro
Enrique Clemente MADRID/LA VOZ.

ESPAÑA

05 ene 2011 . Actualizado a las 02:00 h.

Hace apenas veinte días, la agencia de calificación Moody's propinaba un nuevo golpe a la credibilidad de la economía española al poner en revisión la calificación de solvencia de su deuda, especialmente porque no se fía del compromiso de las comunidades autónomas para reducir sus déficits y de la capacidad del Gobierno español para obligarlas a cumplir los objetivos pactados.

Para tratar de apaciguar a los mercados, Elena Salgado se apresuró a presentar las cifras de cada una de ellas hasta el tercer trimestre del 2010. Era la primera vez que se ofrecían antes de cerrar el ejercicio. Como cabía esperar, el mensaje de la vicepresidenta fue tranquilizador: las autonomías, cuyos números rojos se situaban en el 1,24% del PIB, cumplirían en su conjunto el objetivo de no rebasar el 2,4% en el 2010. Con la excepciones de Castilla La-Mancha (4,69%) y Murcia (3,12%), a las que Moody's rebajó su calificación.

El anuncio hecho ayer por Artur Mas de que el déficit catalán es muy superior al anunciado supone un torpedo en la línea de flotación de esa estrategia defensiva para aplacar a los mercados financieros y de la deuda y a la credibilidad de las propias autonomías. Desde hace unos días se sabía que Cataluña no iba a cumplir el objetivo. En el traspaso de poderes entre José Montilla y Mas, los responsables del tripartito comunicaron a los de CiU que la desviación sería de entre 0,7 y 0,9 puntos, es decir que el déficit podría dispararse hasta el 3,4%. El nuevo Gobierno catalán no descarta que llegue al 3,6%. Esto significaría que sobrepasaría de lejos el objetivo de 4.700 millones para el 2010 y superaría los 7.000. De momento, Standard & Poor's ha anunciado que sitúa la nota de la deuda catalana, que había rebajado hace pocos meses, en «vigilancia negativa» y podría bajarla de nuevo.

La deuda se dispara

Resulta significativo que la cifra que proporcionó Salgado para Cataluña fue del 1,71% en los nueve primeros meses del año. Evidentemente, era errónea o estaba falseada. Los Gobiernos autonómicos han sido siempre muy poco transparentes al informar de sus cuentas públicas y las sorpresas suelen saltar cuando hay cambio de partidos en el poder.

Pero al desequilibrio presupuestario de las comunidades hay que añadir el progresivo incremento de su deuda. El Banco de España señalaba hace dos semanas que su deuda había superado por primera vez la cota del 10% tras haber crecido en el último año a un ritmo que casi duplica al de la Administración central. Cataluña y la Comunidad Valenciana, las dos más endeudadas, han tenido que recurrir a colocar títulos a un año entre los particulares (a un coste superior al 7%), ante las dificultades para hallar financiación en los mercados.

El panorama que dibujó días después la agencia Fitch era aún más preocupante, ya que señalaba que la deuda autonómica llegaría a los 120.000 millones a finales del 2011, lo que supondría un incremento del 19% respecto a los 101.000 del tercer trimestre de este año.

Esta avalancha de cifras negativas tiene lugar en un momento en que la profundidad de la crisis ha reabierto el debate sobre la viabilidad del Estado de las autonomías. En octubre, Mariano Rajoy denunció sus «patologías» y propuso someterlo a una «revisión profunda». Un reciente y voluminoso informe realizado por la FAES de Aznar para el líder del PP titulado significativamente Por un Estado autonómico racional y viable llega a proponer la agrupación de autonomías en línea con lo que hizo Alemania con sus estados federados. Duplicidades de funciones, deuda galopante, 17 normativas diferentes, inflación de cargos y funcionarios, falta de coordinación entre Administraciones, un modelo que nunca se cierra y excesos identitarios son algunos de los lastres de un sistema que también ha supuesto importantes avances.