Nuevo golpe a los cachorros de ETA. El tercero en 13 meses y, de nuevo, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska mano a mano con la Comisaría General de Información de la Policía. Los funcionarios detuvieron entre la tarde del miércoles y la madrugada de ayer a los seis presuntos activistas que habían ocupado la nueva cúpula de la ilegalizada Segi tras las continuas desarticulaciones, desde que en noviembre del año pasado Grande-Marlaska se fijara como objetivo estrangular definitivamente la cantera de la banda terrorista. Junto a los nuevos jefes de Segi, los agentes capturaron a dos de sus abogados, dedicados a «obstaculizar las investigaciones», según Interior.
La operación, en la que participaron más de 200 agentes de los servicios de información, se desarrolló en Vizcaya, Álava y Navarra, además de Tenerife y Madrid, donde fueron capturados los letrados. En Bilbao fue detenida Saioa Zubiaur; en Vitoria, Ainhoa Villaverde; y en la comunidad foral, Eneko Villegas, Oihana López, Izaskun Goñi y Garazi Autor. Goñi es la camarera que fue juzgada este mismo mes de diciembre por exhibir fotos de etarras en el bar donde trabaja, mientras que Autor es hija de la dirigente aberzale Marine Pueyo.
En cuanto a los abogados, Haritz Escudero fue detenido en Lanzarote, donde se encontraba de vacaciones, mientras que la letrada Haizea Ziluaga fue arrestada la noche del miércoles a las puertas de la cárcel de Aranjuez, adonde había acudido a visitar a un preso de ETA. Ziluaga es hija del veterano líder de Batasuna Txomin Ziluaga.
El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba informó que los seis arrestados ocupaban hasta hace poco «el segundo nivel» orgánico dentro de Segi, pero que, tras las últimas operaciones, se habían visto abocados a «asumir la sustitución de los máximos responsables de la organización». Interior, que explicó que el operativo tiene como objetivo prioritario «impedir la reconstitución de la estructura de Segi», se mostró convencido de que las detenciones han «frustrado nuevas campañas de actos de sabotaje y violencia callejera».
Sobre el papel de los letrados, la policía adujo que «las investigaciones han revelado que ambos podrían estar integrados en la estructura H-Alboka de ETA, encargada del control de los presos de la banda». Además, siempre según el Ministerio del Interior, los dos abogados «se habrían encargado de asesorar a través de distintos encuentros a los responsables de Segi sobre medidas para obstaculizar las investigaciones y eludir la acción judicial».