Jáuregui afirma que «la simple incertidumbre representa un coste inasumible para el país»
17 dic 2010 . Actualizado a las 09:36 h.El Gobierno logró ayer el imprescindible aval del Congreso para prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero, con la abstención del PP, el apoyo de CiU, el PNV y Coalición Canaria y la oposición de ERC, IU-ICV, el BNG, Nafarroa Bai y UPyD. Pero el respaldo resignado y sin entusiasmo de los nacionalistas catalanes y vascos fue muy crítico, ya que denunciaron la gestión gubernamental de la crisis.
Aunque José Luis Rodríguez Zapatero se presentó por sorpresa en el pleno pese a que se había anunciado que no asistiría, fue Ramón Jáuregui el encargado de defender la propuesta. El ministro de la Presidencia aseguró que la razón que ha llevado a ampliar esta medida excepcional es que «las circunstancias que generaron el estado de alarma no han sido superadas» y «la recuperación de la normalidad de la navegación aérea ni es total ni está plenamente garantizada». Advirtió de que si se repitiera una situación similar a la huelga salvaje, las consecuencias serían «demoledoras», ya que en el período de la prórroga se van a operar más de 100.000 vuelos con más de 3,5 millones de pasajeros. «La simple incertidumbre representa un coste inasumible para el país», aseguró.
No son tiempos de palabras
Para Jáuregui, la prórroga «es necesaria para recuperar la plena normalidad en el tráfico aéreo y garantizar la libre circulación de las personas y su derecho a viajar en unas fechas especialmente sensibles». El ministro señaló que lo sucedido no había pasado nunca en ningún país del mundo, porque fue un «sabotaje al funcionamiento aéreo» y que las incertidumbres que creó aún persisten. Además, restó valor al compromiso expresado por el 85% de los controladores de que no repetirán el plante. «No son tiempos de palabras, son tiempos de seguridades», sentenció.
La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, comenzó echando en cara a Zapatero que no interviniera. Aseguró que la ampliación de la medida excepcional es una prueba de la «incompetencia» e «incapacidad» del Gobierno para solucionar el conflicto. Justificó la abstención de su grupo porque el Ejecutivo admite que solo es capaz de garantizar la normalidad manteniendo una medida excepcional y denunció que no ha justificado su decisión ni en el texto de su petición ni en lo dicho por Jáuregui.
Argumentó que el estado de alarma es una respuesta extraordinaria ante situaciones de «grave anormalidad» y no «un instrumento para prevenir, en un por si acaso», que puedan producirse. La normalidad en los aeropuertos se ha restablecido, dijo, y lo que subsiste es el conflicto laboral con los controladores, que no requiere el estado de alarma. Y reclamó los informes jurídicos que el Gobierno solicitó para tomar la decisión, a lo que accedió Jáuregui. «Nos obligan una y otra vez a escoger entre lo malo y lo peor, y siempre a costa de la normalidad democrática», aseguró.
El socialista José Antonio Alonso acusó al PP de posicionarse contra el interés del país y de los ciudadanos, lo que tildó de deleznable.