La asociación fiscal mayoritaria califica de impertinente la presencia de Conde-Pumpido en el Consejo de Ministros
ESPAÑA
El Gobierno se ha encontrado con una nueva línea de críticas a su gestión de la crisis de los controladores. Al chaparrón que le cayó el jueves en el Congreso se sumó ayer la Asociación de Fiscales, que acusó al Ejecutivo de ejercer competencias que no le corresponden. Aunque el objeto principal del ataque de la asociación, de carácter conservador y mayoritaria en la carrera, es el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cuya presencia en el Consejo de Ministros en el que se preparó el decreto que establece el estado de alarma fue «innecesaria e impertinente». La asociación hizo pública ayer una nota en la que recuerda que la Constitución otorga autonomía funcional al ministerio público en el marco del poder judicial, por lo que la Fiscalía queda sujeta «a los principios de imparcialidad y de legalidad, y no al dictamen de criterios políticos», además de que «bajo ninguna circunstancia puede convertirse en órgano consultivo del Gobierno».
Matiza también la apreciación del Ejecutivo en el sentido de que el decreto no supone una limitación de derechos y asegura que sí «supone una reducción de las garantías y libertades constitucionales», razón añadida para que la Fiscalía, «como garante de las libertades públicas», se mantenga «distante del foro gubernativo en el que se decida su adopción».
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió ayer en Pontevedra la asistencia del fiscal general y del Abogado General del Estado al Consejo de Ministros. Caamaño precisó que su presencia no tuvo otro motivo que «la excepcionalidad de la situación; la de oír su opinión jurídica sobre la procedencia o no de declarar algo que, a lo largo de toda la democracia española, nunca se había hecho, como es el estado de alarma». Se trataba de una labor de asesoramiento que «nada tiene que ver con la independencia del Ministerio Fiscal, que está plenamente garantizada».
En su comunicado, la Asociación de Fiscales también critica que tanto desde el Gobierno como desde el ministerio público se haya anunciado la reducción de cargos contra los controladores que desvelen quiénes fueron los cabecillas del motín. La asociación recuerda que en España rige el principio de legalidad, no el de oportunidad, y no está previsto «el anuncio previo y público de la concesión de redenciones generalizadas por la delación y/o entrega de posibles responsables culpables».