El embajador norteamericano reveló que varios ministros maniobraron para bloquear la instrucción del caso Couso

Mateo Balín MADRID/COLPISA.

ESPAÑA

02 dic 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

La campaña de la diplomacia estadounidense para frenar causas judiciales que le afectaban generó importantes tensiones entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Nuevos informes de Wikileaks revelan que la evolución del caso Couso y la apertura de un proceso para investigar la prisión de Guantánamo redoblaron las presiones de la embajada de EE.??UU. sobre sus interlocutores, entre ellos altos cargos del Gobierno. En la legación norteamericana en España, encabezada entonces por Eduardo Aguirre, había solo una máxima: utilizar toda la influencia posible para que las causas se archivasen.

El 19 octubre del 2005, el juez Santiago Pedraz ordenó la detención de tres militares estadounidenses por la muerte en Irak del periodista José Couso. La noticia cayó como una bomba en la embajada norteamericana. Y la reacción fue inmediata. «Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen la órdenes de detención internacional», escribió el embajador Aguirre en un informe confidencial del 21 de octubre.

El máximo responsable de la legación transmitió que el Gobierno «debe actuar con unidad mientras trata de influir en la judicatura española, ferozmente independiente». Las primeras noticias no tardan en llegar y son buenas: la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con Javier Zaragoza al frente, pide el archivo de la causa porque no ha quedado acreditada la autoría de los militares. En marzo del 2006, la Sala de lo Penal confirma el sobreseimiento y enmarca el incidente en un «acto de guerra».