Dicen que hay cooperación, pero no presiones, en casos como los de Couso, Guantánamo o los vuelos de la CIA
01 dic 2010 . Actualizado a las 02:45 h.Jueces y fiscales de la Audiencia Nacional rechazan categóricamente haber recibido presiones de Estados Unidos, a través de su embajada en Madrid, para frenar las investigaciones abiertas en ese tribunal a ciudadanos norteamericanos en casos como el de José Couso, las torturas de Guantánamo o los vuelos de la CIA.
Salen así al paso de la entrega que se publicó ayer de los documentos filtrados a Wikileaks en los que se da cuenta de las maniobras del embajador y colaboradores suyos en Madrid con visitas a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despacho y de reuniones con jueces y fiscales para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran. La mayoría de los hechos datan de al etapa de la administración Busch, pero también se publican documentos de la de Obama. Se cita concretamente una nota de junio del año pasado en el que queda patente la irritación de las autoridades estadounidenses por el uso que determinados jueces españoles hacen del principio de Justicia Universal.
«Suficientemente maduros»
El magistrado Eloy Velasco, que tramita una querella contra los responsables de la creación de Guantánamo, se pronunció sobre el tema. «Somos lo suficientemente maduros como para no dejarnos presionar», dijo, al tiempo que calificó de «absolutamente razonable» que la Fiscalía defendiera que su compañero Baltasar Garzón no era el magistrado competente para instruir la querella que ahora tramita él.
El juez Santiago Pedraz, instructor de la causa abierta por la muerte de José Couso, aseguró que mantiene con la embajada norteamericana una relación meramente institucional a causa de su puesto como juez decano de la Audiencia Nacional.
González Mota , el fiscal encargado de la causa abierta por los vuelos de la CIA, negó que hubiera avisado con antelación a la embajada norteamericana de que no se iba a oponer a la petición de desclasificar documentos del CNI sobre esos hechos porque creía que en ellos no había nada incriminatorio.
La Fiscalía General del Estado hizo público un comunicado en el que explicita sus relaciones fluidas con sus homólogos de otros países, en el área de la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y la criminalidad organizada, especialmente con los norteamericanos. Con estos últimos existe un grupo de trabajo permanente desde hace cinco años.
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, negó que España recibiera 85.000 dólares por cada preso de Guantánamo que recalara en España, como se decía en una de las notas diplomáticas que han salido a la luz.