Gobierno y Ministerio Público avisan a la izquierda aberzale de que sin la ruptura expresa con ETA cualquier maniobra será «absolutamente insuficiente» para estar en las elecciones.
29 nov 2010 . Actualizado a las 19:55 h.Melchangoitia y Mariné Pueyo, dirigentes de la ilegalizada ANV; o Jone Goirizelaia, ex parlamentaria de Sozialista Abertzaleak.
Ante estas evidencias, Conde-Pumpido anunció que la iniciativa de la izquierda aberzale, que no incluye un rechazo expreso a ETA, será «absolutamente insuficiente» para que ese «sector político» esté presente en los próximos comicios locales y forales de mayo de 20evo partido si no se separa con nitidez de ETA.
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, dejó claro que tampoco para el Ejecutivo es bastante una formación con unos estatutos que apuesten por las vías políticas. «Tenemos que decir claramente que eso no es un dato suficiente como para que se altere la estrategia», adelantó en una entrevista en Radio Euskadi, en la que insistió en que la izquierda 'abertzale' tiene que presentar «hechos fehacientes» que demuestren que «ha roto» con la banda. No obstante, reconoció que el acto del sábado puede interpretarse como «una escenificación» para «avanzar hacia su legalización».
Según Jáuregui, la legalización no pasa tanto por una «cuestión formal», como sería que la ilegalizada Batasuna y grupos afines presenten una formación conforme a la ley de partidos, sino que el Estado tenga la «convicción» de que el proyecto no está tutelado por la organización terrorista. «No se trata de poner en los estatutos sólo que rechaza la violencia para la imposición de un proyecto político, como de manera eufemística están queriendo decir. Lo que tenemos que tener es la convicción de que se ha producido una ruptura total o bien que desaparece ETA», apostilló.
La impugnación ante el Supremo al abrigo de la ley de partidos no es la única vía que exploran la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Abogacía del Estado. Estudian además una ofensiva jurídica, esta vez por la vía penal, para, en su caso, reclamar en ese tribunal la suspensión de actividades del partido, invocando, una vez más, que la formación es una «sucesión de ilegalizada Batasuna», que tiene prohibido cualquier acto de cualquier naturaleza.