La medida se aplicará solo a los imputados que estén inmersos en un proceso de separación o divorcio
27 nov 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta de la ministra de Sanidad, Políticas Públicas e Igualdad, Leire Pajín, de que los padres inmersos en un procedimiento penal por violencia machista no puedan obtener la custodia individual de sus hijos. Para implementar la medida, será necesaria la reforma del Código Civil, ya que será aplicable solo en los casos en que haya abierto de forma paralela un proceso de separación o divorcio.
El anuncio de la medida hecho el jueves por Pajín durante el homenaje a las 64 mujeres fallecidas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año, levantó las suspicacias de las asociaciones de jueces. Y las reacciones tras la confirmación, ayer en rueda de prensa por parte del vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tampoco se hicieron esperar. En un comunicado, Jueces para la Democracia acusan al Gobierno de utilizar esta materia como «arma propagandística» y de perjudicar así la causa de la lucha contra la violencia doméstica. «Simplifica y desenfoca el problema», aseguran.
Sin embargo, y debido a las críticas vertidas el jueves desde diversos sectores, Rubalcaba ya había avanzado que la falta de información puede ser la causa de la polémica. «Cuando conozcan (los jueces) los términos de lo que se planea se darán cuenta de que es una medida súper razonable, que ha ido pensada y debatida en el Parlamento en numerosas ocasiones», manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, insistió en que la medida solo se aplicará en casos «muy concretos» y que además no solo a los hombres sino «a ambos sexos». Rubalcaba destacó que una vez haya sentencia firme, la medida cautelar será revisada.
El Partido Popular rechazó la propuesta y pidió que la norma se implemente una vez que exista una sentencia firme. El secretario general del grupo popular en el Congreso, José Luis Ayllón, lamentó que Pajín pretenda buscar «nuevos titulares» a costa de plantear medidas que suscitan serias dudas jurídicas.
Juzgar sin conocer
La ministra Pajín salió al paso de las críticas explicando que la propuesta es un consenso de siete ministerios y pidiendo «a los que la juzgan sin conocer o quienes creen que es una ocurrencia, que la estudien y nos acompañen en el debate», ya que esto supone un esfuerzo por «perfeccionar» la respuesta de la sociedad ante la violencia machista.
Una portavoz del Gobierno explicó que la reforma es parte de un paquete de medidas entre las que se incluye el establecimiento de un protocolo de atención para españolas maltratadas que residan en el extranjero así como otra reforma para que los agresores no puedan heredar el patrimonio de la víctima.